Cuando el gobierno español justifica la amnistía que propone para todos los supuestos delitos cometidos durante el llamado procés, se apunta a otras amnistías entre ellas la reciente británica. ¿Cómo es pues la amnistía británica y cómo es percibida?

Igual que la española, la amnistía británica se puede describir cómo polémica. Propuesta por primera vez por el ex primer ministro Boris Johnson en julio de 2021, entró en vigor este septiembre y hay ya una docena de impugnaciones legales en su contra, tachándola de “inconstitucional e ilegal”.

La denominada Ley de los Troubles (problemas) de Irlanda del Norte, Legado y Reconciliación da una amnistía condicional a los acusados de asesinatos o tortura desde el final de los 60 hasta la firma del Acuerdo de Viernes Santo en 1998, hace 25 años. Impide juicios e indagatorios sobre la época de los Troubles, sustituyéndolos con una Comisión Independiente para la Reconciliación y Recuperación de Información, encargada de ayudar a las familias a descubrir cómo fueron matados o lesionados. Los responsables de esos crímenes pueden recibir inmunidad de la Comisión a cambio de dar una versión veraz de sus crímenes.

Hay todavía 3.000 muertes durante el conflicto de Irlanda que nunca han sido aclaradas

Johnson vendió la amnistía condicional como una forma de “poner un punto final” al conflicto. Hay todavía 3.000 muertes durante el conflicto de Irlanda que nunca han sido aclaradas. El gobierno británico argumenta que un cuarto de siglo después de los acuerdos de paz la posibilidad de futuras condenas es cada vez menos probable. La ley de amnistía ofrece “una oportunidad real para entregar más información, rendir cuentas y un reconocimiento a las víctimas y a sus familias”, dijo el ministro del Norte de Irlanda Chris Heaton-Harris, insistiendo que “los mecanismos establecidos han dejado demasiada gente con las manos vacías”.

El origen de la “Ley del Legado”, como se denomina en general, viene de las quejas de antiguos soldados británicos que se encuentran involucrados en largas investigaciones sobre los casos vinculados a “los problemas”. Veteranos con 60 o 70 años, la gran mayoría que respetaban la ley y no cometieron crímenes en Irlanda del Norte, y que son continuadamente llamados a proveer información cuando se pone en marcha cualquier investigación sobre un caso de esa época, simplemente porque al contrario de los grupos paramilitares, el Ejército Británico “conserva registros escritos detallados”, según declaraciones del ex director del Ejército Británico, Lord Richard Dannatt, a la BBC Radio 4. Estas “sonsacadas” de información de las últimos cuatro décadas han sido “extraordinariamente injustas”, una especie de “acoso”, argumentó Dannatt.

El gobierno británico ha podido aprobar la ley porque tiene una mayoría absoluta, pero en el Ulster todos los partidos políticos y asociaciones de víctimas se oponen a la amnistía. Emma Little-Pengelly, diputada del Partido Unionista Democrática en la asamblea del Norte de Irlanda describió la ley a la BBC como algo que “cae en el juego de los que quieren blanquear el pasado”, mientras que el diputado John Finucane, de Sinn Féin, cuyo padre fue fusilado por terroristas unionistas, consideró abrumadora la ley, cerrando la puerta a la justicia para las familias afectadas. “La Ley no es para las víctimas y los que hemos sobrevivido,” dijo Kenny Donaldson, de la asociación de víctimas, la Fundación del Sud Este de Fermanagh. “Es una ley diseñada para proteger a los intereses de los perpetradores, da igual de dónde vengan”.

Dannatt reconoce que, aunque soluciona un problema para los soldados veteranos, la amnistía no recibe el apoyo de los partidos políticos ni en Irlanda del Norte o en la Republica Irlandesa ni de la mayoría de sus compañeros en la Cámara de los Lores, el equivalente al Senado español. “Personalmente creo que (el gobierno británico) está empleando una almádena para abrir una nuez,” dijo. Lo que sería matar moscas a cañonazos en España. 

El gobierno de Irlanda está sopesando si llevar la amnistía ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si decide hacerlo, sería la primera impugnación de una ley británica ante el TEDH por parte de Dublín en más de medio siglo.