El abogado de Puigdemont acusa al juez de dar un "triple salto mortal" en el caso Tsunami

  • El abogado ha recurrido la resolución donde juez pedía al Tribunal Supremo asumir la causa de Tsunami Democràtic.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.
Europa Press
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont.

El abogado Gonzalo Boye, que representa al expresidente catalán Carles Puigdemont, reprocha al juez Manuel García Castellón que dé un "triple salto moral" al "pretender vincular" la muerte de un ciudadano francés con los disturbios del aeropuerto de El Prat en el otoño de 2019 y lo enmarque en un posible delito de terrorismo.

Gonzalo Boye ha presentado un escrito en representación de Josep Lluís Alay, persona de máxima confianza de Puigdemont, en el que recurre la resolución donde juez pedía al Tribunal Supremo asumir la causa de Tsunami Democràtic por estar aforado el expresidente catalán en su condición de europarlamentario y el diputado autonómico Rubén Wagensberg.

El letrado señala en su escrito, dirigido a la Audiencia Nacional y al que ha tenido acceso EFE, que es "el colmo del funambulismo procesal tratar de generar una responsabilidad penal" del fallecimiento de un turista francés el 14 de octubre de 2019 hacia los investigados.

También niega que el Tribunal Supremo sea el órgano que deba enjuiciar a los diputados europeos o catalanes "por hechos acaecidos dentro del territorio de Cataluña" y acusa al juez de enviar "una exposición razonada y precipitada" al alto tribunal.

El abogado rechaza que en esta causa exista "ningún delito de terrorismo" y afirma que lo que existe es "una presunta dislocación de la norma impropia de un estado democrático y de derecho", un "procedimiento meramente especulativo, prospectivo basado, fundamentalmente, en noticias de prensa".

En opinión de la defensa de Puigdemont y Alay, se está destinando un "gasto público indebido" en un procedimiento en el que "los hechos no son constitutivos de ninguna actuación terrorista" y una "utilización indebida de los instrumentos jurídico-penales que el Estado ha puesto a disposición de jueces y tribunales".

También la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió la exposición razonada del juez, así como la resolución donde apuntaba a Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otra decena de personas al discrepar de la inicial calificación de terrorismo

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