El juez que investiga 'Tsunami Democràtic' ha ofrecido personarse a la familia del turista francés fallecido de un infarto en el marco de los disturbios que se desataron en otoño de 2019 en el aeropuerto de El Prat tras la sentencia del 'procés', al considerar que es un paso fundamental para acreditar que los mismos influyeron en su muerte, al tiempo que ha pedido información a diversos organismos sobre las incidencias para determinar si su entidad merece la calificación de terrorismo.

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, insiste en que lo ocurrido el 14 de octubre de 2019 en el aeropuerto de El Prat encaja en delitos de terrorismo porque se trata de un 'hub' aéreo, considerado por tanto "infraestructura crítica", con cuyo "bloqueo" se perseguía "desestabilizar gravemente el funcionamiento (...) de las estructuras económicas o sociales del Estado".

Además, subraya que, si las fuerzas de seguridad no hubieran logrado despejar el acceso por carretera a la torre de control aéreo, una acción con la que los manifestantes pretendían impedir el relevo de los controladores aéreos, "pudo haberse causado un peligro para la seguridad del tráfico aéreo nacional e internacional".

Con todo, no duda de que "la acción puso en peligro la seguridad del aeropuerto" y la "seguridad aérea", con "un peligro claro tanto para la integridad de los agentes, como para la de los propios asaltantes, cuando se producía el lanzamiento indiscriminado de objetos desde todas partes", un peligro "extensible a los viajeros" y que "pudo materializarse en el fallecimiento del ciudadano de nacionalidad francesa Jean Claude Scherzinger".

García Castellón ha pedido además a varios organismos nacionales e internacionales, entre ellos la OTAN, datos sobre las incidencias en el tráfico aéreo por el bloqueo del aeropuerto de El Prat. El titular del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional anuncia que todos los datos que recabe al respecto los enviará al Tribunal Supremo, al que ha pedido que asuma esta investigación por afectar a aforados como el expresidente catalán Carles Puigdemont.

En concreto, el juez se dirige a ENAIRE, entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de Transportes, a la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA), a AENA, e incluso a la OTAN, "a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), para recabar las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT)"

Podemos se querella contra él

Podemos, por otro lado, ha interpuesto una querella contra el propio García Castellón, y contra el magistrado de refuerzo del juzgado central de instrucción número 6 Joaquín Gadea por presuntos delitos de prevaricación, revelación de secretos y omisión de perseguir conductas delictivas.

Así lo ha trasladado el coportavoz estatal del partido, Pablo Fernández, este lunes en rueda de prensa para anunciar su denuncia, formalizada en la sala de lo Penal del Tribunal Supremo, contra ambos jueces que instruyen la denominada pieza Dina' del caso Tándem, en la que se ha indagado en el recorrido que tuvo la tarjeta telefónica de la exasesora del partido desde que le robaron el móvil en 2015 hasta que parte de la información que contenía apareció publicada en medios.

Fernández ha asegurado que la actuación de ambos jueces es un caso "paradigmático" y "palmario" de 'lawfare', al operar al margen de las normas que regulan la actuación judicial con una investigación "prospectiva" cuyo "único objeto" ha sido "perjudicar reputacinalmente" a Podemos.