El Consejo de Ministros dará luz verde próximamente a la ampliación norte del puerto de Valencia. Así lo ha anunciado este miércoles la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha afirmado que la construcción de la nueva terminal de contenedores "está pendiente" de ser aprobada y que "tiene que salir", al tiempo que ha añadido que si no se ha validado antes ha sido porque el Ejecutivo estaba en funciones. Sin embargo, Compromís, cuyos dos diputados se integran en Sumar, socio del PSOE en el Gobierno central, apela a la vicepresidenta tercera Teresa Ribera para frenar la ampliación y evitar lo que en su opinión sería "un nuevo caso Castor".
"Lo explicamos por activa y por pasiva", ha manifestado Bernabé en una entrevista en À Punt. Preguntada por si el proyecto no puede salir adelante sin una nueva declaración de impacto ambiental (DIA), la delegada ha replicado que la actual "está" y es "válida". "La declaración de impacto ambiental está y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible le parece, y así es como se va a pronunciar, que es válida", explicó.
La delegada del Gobierno define el crecimiento del puerto como "necesario e imprescindible" y añade que "ha de cumplir con todas las cuestiones medioambientales propias" como está haciendo, matiza.
"El puerto trabaja en eso", subrayó, a la vez que apuntó que el Gobierno de España "está haciendo una gran inversión y un gran esfuerzo en utilizar las vías del transporte ferroviario como alternativa para la descarbonización" y pidió que el recinto portuario valenciano se saque "del debate político".
Bernabé negó que el puerto y su futuro se pusieran "sobre la mesa para el pacto de gobierno" que ha dado de nuevo la presidencia del Ejecutivo a Pedro Sánchez. "Se comprobó que era una invención total. Eso nunca pasó", remarcó Bernabé. "Las fake news, fuera; poner al puerto en fake news, fuera; poder al puerto en el debate político, fuera", insistió.
Por su parte, la portavoz de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, afirmó que Sumar "presionará desde todos los frentes, también desde el Consejo de Ministros", para impedir la ampliación del recinto y apeló a la vicepresidenta tercera y titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que niegue la declaración de impacto ambiental y evite un "nuevo caso Castor" que acabe causando perjuicios económicos a Estado.
El proyecto, en cifras
La ampliación es reclamada tanto por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia como por el tejido empresarial, ya que supondrá una inversión de 1.564 millones de euros (de los que 1.021 son de origen privado) y 5.000 empleos entre directos, indirectos e inducidos. En cambio, se oponen a ella, por motivos medioambientales, colectivos vecinales, ecologistas y partidos a la izquierda del PSOE.
Comentarios