La Comisión Europea ha dado su visto bueno al borrador del plan presupuestario español para 2024, un documento en el que el Gobierno resume las líneas fundamentales de los presupuestos de todas las administraciones para 2024. Eso sí, el aprobado llega con matices y asteriscos y una advertencia clara: el año que viene será "muy difícil" en materia fiscal para España.
Bruselas ha presentado este martes su evaluación de los planes presupuestarios de los veintisiete Estados miembros que conforman la UE. En el caso de España, al no haber comenzado aún la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, la valoración de la Comisión queda incompleta y a la espera de que el Ejecutivo presente algo más tangible.
Por lo pronto, la Comisión Europea cree que España ha atendido a las recomendaciones que le planteó la pasada primavera. El plan presupuestario español cumple con el límite máximo en el incremento del gasto del 2,4% establecido para España y también con la petición de eliminar todas las medidas de apoyo energético.
Sin embargo, como ya explicó el Gobierno en octubre cuando remitió el documento a Bruselas, el escenario se planteó a políticas constantes ante la situación de interinidad en la que se encontraba. Ahora, con un Ejecutivo ya formado, la situación cambia. Hay que tener en cuenta que la agenda social que desgranó Pedro Sánchez durante su investidura tendrá un coste.
Aunque las promesas de Sánchez no tendrían, en principio, un impacto particularmente elevado en términos presupuestarios, sí añaden un extra de gasto que hasta ahora no estaba previsto. Sobre todo la extensión de la rebaja del IVA a ciertos alimentos básicos hasta mediados de 2024 o la gratuidad prometida en el transporte público a menores, jóvenes y parados. De igual modo, aunque Sánchez no mencionó nada sobre el paquete de apoyo energético anticrisis durante su discurso de investidura, tampoco ha confirmado que estas vayan a desaparecer por completo.
Situación fiscal "muy difícil"
Aunque Bruselas ha dado el visto bueno al plan presupuestario español, algo que solo ha hecho con otros seis países más, el horizonte fiscal dista de estar despejado. Fuentes comunitarias advierten de que España encara la vuelta de las reglas fiscales europeas en una situación fiscal "muy difícil". En consecuencia, Bruselas reclama una estrategia fiscal a medio plazo que resulte creíble. Es decir, un plan de ajuste en el que el Gobierno detalle cómo va a lograr que la deuda y el déficit se sitúen en una senda descendente en los próximos años.
El Gobierno se ha comprometido a reducir el desequilibrio en las cuentas públicas al 3,9% del PIB en 2023 y a un 3% en 2024. Por su parte, la deuda pública se reduciría del 108,1% del PIB en 2023 al 106% en 2024. Las previsiones que publicó la semana pasada la Comisión Europea dan cierta credibilidad a ese escenario, aunque sitúan el déficit en el 3,2% del PIB todavía el año que viene.
El problema de España es que tiene un margen prácticamente nulo para cuadrar las cuentas sin aplicar ajustes fiscales. Es decir, sin subir impuestos o recortar gasto, dos decisiones que a menudo son igualmente impopulares. La elevada deuda pública que el país ha ido acumulando desde la gran recesión y que se disparó todavía más durante la pandemia ha disparado el gasto en intereses que tiene que afrontar el Estado.
Tanto es así que, si se descuenta el gasto en intereses, las cuentas públicas españolas estarían prácticamente en equilibrio el año que viene. El déficit primario apenas alcanzaría el 0,4% del PIB en 2024 si se cumplen los pronósticos. El problema es que el Estado deberá hacer frente a una carga de intereses equivalente al 2,5% del PIB el año próximo. Un gasto inaplazable que irá en aumento poco a poco los próximos años por el aumento de los tipos de interés.
A favor del Gobierno juega que, en general, las finanzas públicas del resto de países de la UE están en una situación delicada. La Comisión Europea cree que hay cuatro países en riesgo de no cumplir con las recomendaciones planteadas por Bruselas la pasada primavera. Se trata de Francia, Bélgica, Finlandia y Croacia. Además, Bruselas señala que hay otros nueve Estados —Alemania, Italia, Austria, Luxemburgo, Letonia, Malta, Portugal, Países Bajos, Eslovaquia— que no están completamente en línea con las recomendaciones de la Comisión.
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