Después de la mágica noche vivida en Sevilla, donde recibió tres Latin Grammy de los siete a los que optaba, Shakira aterrizó horas después en Barcelona, la que ha sido su su ciudad en los últimos años, para prepararse ante el juicio que tiene este lunes.
Minutos más tarde, la artista regresaba a la que ha sido su casa durante todos estos años con sus hijos y lo hacía en una furgoneta con los cristales tintados, entrando rápidamente a su garaje sin responder las preguntas de la prensa que la esperaban en las inmediaciones.
Al mismo tiempo, Gerard Piqué aparecía en escena en su vehículo para recoger a sus dos hijos y cuando llevaba ya tiempo esperando en las inmediaciones de la que fuera su casa, le abrían la puerta del garaje para que se metiera dentro y recogiera a sus niños en la más estricta intimidad.
La Audiencia de Barcelona sienta desde el próximo lunes en el banquillo a la cantante, para quien la Fiscalía pide ocho años y dos meses de cárcel por defraudar 14,5 millones a Hacienda entre 2012 y 2014, con la puerta aún abierta a un pacto de última hora.
En doce sesiones, por las que está previsto que desfilen 117 testigos, además de peritos e inspectores de la Agencia Tributaria, el tribunal deberá resolver si, como mantiene la Fiscalía, la artista colombiana simuló tener residencia fiscal en Bahamas para burlar su obligación de pagar impuestos a la Hacienda española.
No es este el único frente judicial que tiene abierto la cantante por presunta evasión de impuestos: un juzgado de Esplugues de Llobregat (Barcelona) la investiga desde el pasado de mes de julio a raíz de otra querella de la Fiscalía que la acusa de defraudar más de seis millones en el IRPF y el impuesto de patrimonio de 2018, utilizando para ello un entramado societario con sede en paraísos fiscales.
Esta nueva causa penal podría alentar un pacto con la Fiscalía, que la artista ya rechazó en julio de 2022, cuando tras mantener varios contactos con el ministerio público descartó su oferta -que pretendía rebajarle la pena a cambio de que Shakira reconociera el delito- y jugársela en el juicio.
Hasta el último minuto, sigue sobre la mesa la posibilidad de un acuerdo de la cantante con la Fiscalía y la Agencia Tributaria -acusación particular en la causa- para reducir una eventual condena, pese al duro comunicado con el que Shakira desechó el pacto, en el se proclamaba víctima de la "persecución" de Hacienda y la "intransigencia" del ministerio público.
En concreto, la Fiscalía de Barcelona pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones para la artista por seis delitos contra la Hacienda pública que, individualmente, no superan los dos años de cárcel, lo que abre la puerta a que, en caso de condena, el tribunal suspenda su entrada en prisión.
Shakira ya ha devuelto los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que la Fiscalía le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena.
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