El Tribunal de Cuentas (TdC) ha empezado la mañana de este viernes el juicio contable contra los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, varios exconsellers y otros exaltos cargos del Govern por los gastos del 1-O y del Diplocat. Son un total de 35 personas.

Durante la sesión, la Fiscalía ha rechazado que la propuesta de ley de amnistía impulsada por el PSOE y sus socios independentistas tenga capacidad para suspender el procedimiento por los gastos del 'procés'. Este fue el argumento que usaron las defensas de varios de estos exdirigentes, incluido Junqueras, para pedir evitar este juicio contable.

La Fiscalía, sin embargo, se ha opuesto explícitamente este viernes a esta petición por ser la amnistía "un acontecimiento futuro, no incierto, pero sí de una certeza cuya existencia no se puede afirmar" y cuyos efectos no serán tangibles hasta que entre en vigor.

El Tribunal de Cuentas decidirá en los próximos días si deja en suspenso el procedimiento, pero por el momento sí ha acordado mantener la vista prevista este viernes, que también se encontraba en el aire y en la que se ha practicado la prueba aceptada, aunque de los cuatro testigos previstos, uno no ha comparecido: Puigdemont.

El expresident, huido en Bélgica desde 2017 y también demandado en el procedimiento, estaba citado a declarar por la defensa de su exconseller Lluís Puig, si bien finalmente no lo ha hecho después de que el Tribunal de Cuentas denegase hace unos días su comparecencia telemática.

"Señor Boye, ¿me confirma que su patrocinado no ha comparecido?", ha preguntado la consejera a su abogado. "Le confirmo, señoría, que no ha comparecido, que quería comparecer y que nunca ha sido citado personalmente", ha respondido este, tras justificar que plantearon tarde la solicitud de videoconferencia porque hasta el último momento no se sabía si Puigdemont podría haber venido gracias a la ley de amnistía.

A quien sí ha escuchado la consejera ha sido a quien fuese interventora general del Estado, que ha explicado que no tenía "ni competencia ni capacidad" para controlar todos los gastos de Cataluña. Ha señalado que ella estimaba que el "control era suficiente" si "el crédito era adecuado y venía con las firmas correspondientes", entre ellas la de la interventora de la Generalitat.

El abogado de Puigdemont ha aludido a que la testigo -propuesta por las defensas- es familiar de la jueza Carmen Lamela, que inició la causa del 'procés' que luego se trasladó al Tribunal Supremo, un comentario que ha sido censurado tanto por la consejera como por el fiscal.

También han declarado un exintegrante del Comité Ejecutivo del Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) -organismo que, según ha indicado, no se llegó a disolver con la aplicación del artículo 155- y un profesor universitario que realizó un censo de tratados internacionales suscritos por el Estado.

Una vez recabados los testimonios, la consejera ha dado por finalizada la vista a la espera de decidir si suspende o no el procedimiento. Si no lo hace, dará un plazo a las partes para que presenten sus conclusiones de cara a una futura sentencia que podrá verse condicionada por el avance de la proposición de ley de amnistía.

El procedimiento trata de dirimir la presunta responsabilidad contable de los 35 exaltos cargos catalanes en el desvío de fondos públicos para sufragar el referéndum del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal, y la promoción exterior del 'procés'.

La Fiscalía cifra ese supuesto desvío en unos 3,4 millones de euros, que solicita que abonen los demandados, mientras que Sociedad Civil Catalana, que también ejerce de demandante, lo eleva a 5,3 millones.

Al término de la vista, el exconseller catalán Francesc Homs, que ejerce de defensa, ha afirmado ante los medios que "lo razonable" sería suspender un procedimiento que, en su opinión, está lleno de contradicciones y que, según el abogado Gonzalo Boye, vulnera los derechos de los demandados.

Por contra, Sociedad Civil Catalana confía en una futura condena y ha celebrado que la vista se haya producido pese al "contexto y la injerencia del Ejecutivo".