En 2019 el mundo era otro completamente diferente al que conocemos hoy en día. Una pandemia mundial y una guerra a las puertas de la UE han cambiado las prioridades… o al menos casi todas. Cuando empezó la legislatura las instituciones europeas se pusieron como meta trabajar intensamente en la agenda verde, y ni siquiera las turbulencias de los últimos cinco años han cambiado ese objetivo. Por eso, ahora, a siete meses para las elecciones, el Parlamento Europeo quiere pisar el acelerador para, de la mano del Consejo y de la Comisión, completar al máximo posible el Pacto Verde. Porque esta ha sido, es y será una de las grandes patas de la nueva Europa.

Entre tanto giro, la Eurocámara quiere erigirse como garante de una política climática que, insisten a 20minutos varias voces de la institución, es “una referencia” para otros actores internacionales. Además, la Unión apenas se ha desviado de esta ruta, incluso pese a que la crisis energética pudo poner en duda los objetivos fijados. Todavía la crisis acecha, asumen en Bruselas, pero eso no es excusa para que la Unión no cumpla con algo que todos consideran irrenunciable. Sirven varios ejemplos.

Ya en 2021, se confirmó la nueva Ley de Clima, con la que se elevó el objetivo de reducción de las emisiones para 2030 del 40% hasta al menos el 55%. Con los nuevos sumideros de carbono puede llegar al 57%, matizaron entonces además desde el Parlamento. “La UE debe ahora reducir sus emisiones más en la próxima década de lo que ha hecho en las tres décadas previas juntas, y tenemos objetivos más ambiciosos que pueden servir de inspiración a los países para ir más allá”, expresó entonces la eurodiputada sueca Jytte Guteland (S&D).

En este tiempo también se ha dado el visto bueno a la reforma del régimen de comercio de derechos de emisión, con la que las emisiones de GEI en los sectores pertinentes deberán reducirse, a más tardar en 2030, en un 62 % en comparación con los niveles de 2005. También elimina gradualmente los derechos de emisión gratuitos de las empresas a partir de 2026 y hasta 2034, y crea un nuevo RCDE II independiente, dedicado al combustible para el transporte por carretera y a la construcción, que pondrá un precio a las emisiones de GEI de estos sectores en 2027 (o 2028 si los precios de la energía son excepcionalmente altos).

Además, se dio luz verde al nuevo Mecanismo de la UE de Ajuste en Frontera por Carbono, cuyo objetivo es incentivar a terceros países para que eleven la ambición de sus objetivos climáticos y garantizar que los esfuerzos climáticos de la UE y mundiales no se vean socavados por la deslocalización de la producción desde la UE a países con políticas menos ambiciosas.

Los productos a los que se aplica el Mecanismo de Ajuste son el hierro, el acero, el cemento, el aluminio, los fertilizantes, la electricidad y el hidrógeno, así como las emisiones indirectas en ciertas circunstancias. Los importadores de estos productos tendrían que pagar la diferencia entre el precio del carbono pagado en el país de producción y el precio de los derechos de emisión de carbono en el RCDE.

Un Fondo Social para el clima

También se ha alcanzado, por ejemplo, un acuerdo para crear un Fondo Social de la UE para el Clima en 2026. El Parlamento explica en este sentido que se verán beneficiadas las familias vulnerables, las microempresas y los usuarios del transporte afectados por la pobreza energética y de transporte. Una vez plenamente en vigor, el Fondo Social para el Clima se financiará subastando derechos de emisión del RCDE II hasta un importe de 65 000 millones de euros. El 25% restante procederá de recursos nacionales (el total estimado será de 86 700 millones de euros).

Por otro lado, los eurodiputados han logrado que para 2026 se instalen estaciones de recarga eléctrica para automóviles con una potencia mínima de 400 kW como mínimo cada 60 km a lo largo de las rutas de la red básica de la RTE-T. La potencia deberá aumentar a 600 kW para 2028. Cada 120 km tendría que haber estaciones para camiones y autobuses. Estas estaciones deben instalarse en la mitad de las carreteras principales de la UE para 2028 y con una potencia de 1 400 kW a 2 800 kW dependiendo de la carretera. Los países europeos deben garantizar que para 2031 las estaciones de repostaje de hidrógeno se desplieguen al menos cada 200 km a lo largo de la red básica de la RTE-T.

El pago del combustible alternativo deberá ser sencillo, ya sea con tarjetas de pago o dispositivos sin contacto y sin necesidad de tener una suscripción. Por otro lado, el precio de estos «combustibles» deberá mostrarse por kWh, kg o por minuto/sesión. Los eurodiputados se han asegurado de que la Comisión cree de aquí a 2027 una «base de datos» de la UE sobre combustibles alternativos. Su fin será brindar a los consumidores información sobre la disponibilidad, los tiempos de espera o el precio en diferentes estaciones.

También dieron su visto bueno a nueva legislación para que los combustibles marítimos sean más limpios. Durante la negociación con el Consejo, han logrado asegurar que los buques reduzcan gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), mediante el recorte de la cantidad de GEI en la energía utilizada, en un 2% a partir de 2025 y alcanzando un objetivo del 80% a partir de 2050 (en comparación con los niveles de 2020). Esto se aplicará a los buques por encima de un arqueo bruto de 5000 —que en principio son responsables del 90% de las emisiones de CO2— y a toda la energía utilizada a bordo en puertos de la UE o entre ellos. Asimismo, se aplicará al 50 % de la energía utilizada en los viajes en los que el puerto de salida o llegada se encuentre fuera de la UE o en regiones ultraperiféricas.

El impulso de las renovables

Más recientemente, el Parlamento respaldó impulsar la implantación de energías renovables, en consonancia con el Pacto Verde Europeo y el plan REPowerEU. La actualización de la Directiva sobre fuentes de energía renovables, ya acordada entre los eurodiputados y el Consejo, eleva la cuota de energías renovables en el consumo final de energía de la UE al 42,5% para 2030, aunque los Estados miembros deben esforzarse por alcanzar el 45%.

La legislación también acelerará los procedimientos para conceder permisos para nuevas centrales de energía renovable, como paneles solares o aerogeneradores, o para adaptar las existentes. Las autoridades nacionales no deben tardar más de doce meses en aprobar nuevas instalaciones de energía renovable si están situadas en unas “zonas propicias para las renovables”. Fuera de estas zonas, el proceso no debe rebasar los veinticuatro meses.

Una ley decisiva... y con polémica

Con todo, uno de los debates clave sobre la agenda verde ha tenido que ver con la llamada ley de restauración de la naturaleza. Esta norma acabó dividiendo a los grupos en el Parlamento Europeo, con choques constantes especialmente entre socialistas y conservadores, y con votos muy ajustados en cada una de las cuestiones. Al final, tras mucho sudor, el acuerdo se alcanzó hace solo unos días. Finalmente, las tres instituciones de la UE han acordado un texto final que, con excepciones y posibilidades de dar marcha atrás, obligará a los gobiernos europeos a aplicar planes nacionales para restaurar al menos el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres en 2030.

Según el texto cerrado casi a medianoche, para 2050 los Estados miembros también tendrán que poner medidas para restaurar todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados. Esta norma, que ha quedado rebajada frente a la voluntad del Parlamento, se ha convertido en un campo de batalla entre quienes quieren acelerar con la transición ecológica frente a quienes ralentizar el proceso, por un temor del sector agrícola a verse perjudicado que en ocasiones ha sido utilizado por los grupos de ultraderecha, negacionistas del cambio climático. Estas divergencias también se dejaron notar a escala nacional, con el PSOE apoyando la ley y el PP y Vox, votando en contra de que continuase su tramitación en la Eurocámara.

La conclusión es que la agenda verde no se frena, incluso pese a las circunstancias adversas en algunos momentos. A la legislatura apenas le quedan unos meses, pero faltan deberes por hacer… y precisamente la tarea en torno al Pacto Verde es clave para el futuro de la Unión Europea.

Javi López, eurodiputado del PSOE