El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes en comisión reformar el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) que limita la apertura de hoteles en la ciudad. Ha sido tras un pacto entre el gobierno municipal de Jaume Collboni (PSC) y el grupo de Junts (Trias per Barcelona), que fue el que propuso la medida. La proposición ha contado con los votos a favor de Junts, PP y Vox, la abstención de los socialistas y los votos en contra de BComú y ERC.
El texto prevé que se modifique el PEUAT para que permita poner en marcha en las áreas más céntricas proyectos hoteleros "singulares" que comporten "el aumento de la oferta turística de calidad" en Barcelona, "sin contribuir a su masificación". Eso supone incluir la posibilidad de abrir libremente este tipo de hoteles en la denominada zona 1 (incluye Ciutat Vella, el Eixample, Sant Antoni, Poble-Sec, Gràcia, Poblenou, Vila Olímpica y Hostafrancs) con un estudio que vaya caso por caso.
Actualmente, el plan solo contempla la implantación de alojamientos de uso turístico en las zonas 3 y 2. En la 3 pueden ser de nueva creación si no se supera la densidad máxima de plazas establecidas. En la zona 2, únicamente se permiten en sustitución de otro establecimiento de las mismas características dado de baja, siempre que se cumplan unos criterios de distancias radiales y dimensión.
Desde Junts critican que el actual PEUAT "contempla un modelo turístico de decrecimiento y afronta las actividades turísticas desde la restricción y no desde la oportunidad de generación de actividad económica de calidad". Por ello, piden "fomentar el turismo de alto valor añadido".
El PSC y Junts han acordado, asimismo, que el PEUAT deje de establecer como condición para el registro de hogares compartidos la reconversión de viviendas de uso turístico (HUT). Para ello, está previsto que incluya en su articulado la regulación de esta actividad que recoge el decreto 75/2020 de Turismo del 6 de agosto de 2020. Esta prevé alquileres que no superen los 31 días de estancia, con un máximo de cuatro plazas por vivienda, y requiere que la licencia la pida la persona que habita en ella y que esta persona resida allí mientras la alquila.
El pacto contempla que hasta que se modifique el PEUAT, se permita con una ordenanza municipal el registro de los hogares compartidos en los mismos términos que establece el decreto.
Junts considera necesaria esta reforma porque "los hogares compartidos son una actividad económica que permite mejorar la economía familiar de muchas familias sin afectar a la oferta de vivienda".
Las intervenciones de los concejales
El concejal de Junts Damià Calvet ha argumentado que la modificación del PEUAT permite pasar de la prohibición a la gestión y que el documento sea "una fuente de beneficio para la ciudad en lugar de una fuente permanente de pérdida de oportunidades, de riesgo jurídico y de restricción económica sin retorno". También ha criticado la gestión de los últimos ocho años, con "políticas ideológicas" que ha tachado de ataque al sector inmobiliario.
Por su parte, la teniente de alcalde de Urbanismo, Laia Bonet, ha valorado el PEUAT como "una herramienta muy útil" para controlar la actividad ilegal en los pisos turísticos y ha celebrado la nueva regulación de la Generalitat.
Ha añadido que tendrán que adaptar la regulación a la realidad de Barcelona y ver la afectación en la ciudad, y por eso ha agradecido "a Junts la transacción de excluir la reflexión de modificar" el PEUAT en tres meses.
El PP ha votado a favor porque considera que los hogares compartidos beneficiarán a "vecinos que quieren disponer de su propiedad para hacer frente" al elevado coste de vida, ha explicado el concejal Juan Milián.
Vox también se ha sumado a la proposición porque defiende que puede suponer para las familias un "refuerzo para su maltrecha economía, intención nada recriminable que no debemos perseguir", ha dicho el concejal Liberto Senderos.
Tanto BComú como ERC han considerado que la propuesta es clara con sus intenciones: para comuns "es el modelo Trias" y para los republicanos, le falta rigor y realismo y defiende unos intereses concretos.
La concejal de BComú Lucía Martín ha asegurado que la medida "supone una amenaza gravísima al derecho a la vivienda de las vecinas" y que aumentará el turismo y los beneficios del sector, y ha criticado que es contraria a una posición progresista.
La republicana Eva Baró ha lamentado que las familias que quieran complementar su renta alquilando habitaciones ya lo pueden hacer "a un estudiante, a un joven, a una persona mayor" con un contrato de larga duración.
'No' a la proposición de BComú
La misma comisión ha rechazado la propuesta de BComú, con la que planteaba cerrar 8.000 pisos turísticos mediante la nueva regulación del Govern, con los votos a favor de los comuns y ERC; los votos en contra de Junts, PP y Vox, y la abstención del gobierno (PSC).
La proposición pedía que el gobierno municipal extinguiera de forma inmediata las licencias de las viviendas turísticas que se ubiquen en edificios compartidos con viviendas con vecinos con residencia permanente y habitual. También reclamaba que modificara el planeamiento urbanístico para limitar el alquiler de temporada en beneficio del alquiler permanente y habitual para los vecinos.
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