El informe sobre abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo reúne los testimonios de 487 víctimas, pide crear un fondo estatal para compensarlas y denuncia cómo la jerarquía católica negó y minimizó el problema durante mucho tiempo.

El Defensor, Ángel Gabilondo, ha entregado este viernes a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, el resultado de la investigación que la Cámara le encargó hace año y medio, un documento de 777 páginas que no cuantifica el número total de posibles víctimas de los abusos, aunque aporta una encuesta que revela que el 0,6% de los españoles (236.000) ha sufrido abusos por parte de un sacerdote o religioso.

Según el estudio, uno de cada diez españoles (11,7%, unos 445.000) ha sufrido abusos sexuales antes de cumplir 18 años, y un 1,13% indicó que había sido agredido en el ámbito religioso, concepto que incluye a personal o profesorado de centros religiosos.

Además, el 87% de las víctimas entrevistadas por la institución fueron hombres, como la gran mayoría de sus agresores. Solo una pequeña parte de los acusados han sido juzgados por las autoridades civiles; la mayoría de ellos continuaron en sus puestos, fueron traslados y, en menor medida, juzgados por el derecho canónico.

El Defensor del Pueblo apunta que la respuesta de la Iglesia católica, al menos a nivel oficial, ha estado caracterizada "durante mucho tiempo" por "la negación o la minimización del problema". En este sentido, señala que algunas víctimas han tenido que hacer frente no solo a la "negación y a la ocultación", sino incluso a "presiones" de representantes de la misma en las que "se les culpabilizaba de los abusos sufridos".

No obstante, al mismo tiempo, el informe asegura que también se han detectado buena prácticas en la Iglesia y reconoce "el coraje institucional de quienes han optado por asumir la responsabilidad que corresponde a la institución por la victimización producida".

Por otra parte, también critica que los poderes públicos carecieron de procedimientos adecuados para prevenir, detectar y reaccionar frente a la comisión de abusos sexuales de menores en los centros escolares de la Iglesia católica en el pasado y señala que, solo muy recientemente, en el año 2021, se introdujeron mecanismos y procedimientos de prevención y detección para la totalidad de los centros educativos.

Compensación a las víctimas

El Informe propone una veintena de recomendaciones concretas. Entre ellas, se encuentran la de celebrar un acto público de reconocimiento y reparación simbólica a las víctimas por el prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020 o la creación de un fondo estatal para el pago de compensaciones a favor de las víctimas.

La Conferencia Episcopal Española (CEE) ha decidido celebrar el próximo lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe sobre los abusos sexuales cometidos por miembros de la Iglesia del Defensor del Pueblo.