El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado este jueves la razón, en parte, a los padres de la alumna de la escuela Turó del Drac de Canet de Mar, al sentenciar que el centro debe mantener una segunda asignatura principal en castellano, además de la de lengua castellana.

Así, ha estimado parcialmente el recurso de los progenitores en contra de la decisión del Departamento de Educación de la Generalitat, que rechazó su petición. No obstante, aunque ha reconocido este derecho individual de la menor, no ha atendido la demanda de los padres de que su hija reciba un 25% de clases en castellano. En este sentido, la sentencia reconoce que, debido a los cambios legislativos en el uso de lenguas aprobados por la Generalitat y el Parlament, no se pueden establecer porcentajes en el uso de las lenguas en el ámbito educativo.

En octubre de 2021, el TSJC dictó una medida cautelar por la cual la niña tenía que recibir al menos el 25% de las clases en castellano. La Generalitat se opuso y aprobó una reforma de la ley de educación y un decreto ley para garantizar la primacía del catalán como lengua vehicular en la escuela. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña planteó entonces una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC), que todavía no se ha pronunciado.

El TSJC tampoco ha accedido a la demanda de los padres de cambiar el proyecto lingüístico del centro para que tanto el catalán como el castellano sean igual de vehiculares.

El texto de la sentencia indica que la alumna deberá recibir en castellano, además de la asignatura de lengua, "una o unas áreas de conocimiento, competencias clave, materias o asignaturas adicionales que, por su importancia en el conjunto del currículo y su carga lectiva, puedan ser consideradas como principales". Los magistrados consideran que la legislación y la jurisprudencia obligan a que el castellano sea vehicular al menos en una asignatura troncal y lo quieren garantizar en este caso.

El TSJC considera, por otro lado, que a pesar de que el objetivo de la educación obligatoria es que los alumnos dominen las dos lenguas por igual, no se puede olvidar a las familias que están de paso en Cataluña. Por eso, como ya ha hecho en otros pronunciamientos previos, apunta que el sistema de inmersión solo tendría que ser legal en un sistema dual de centros o aulas separadas por lenguas.

También recuerda que la sentencia del TC sobre el Estatut de 2009 configuró un sistema de “conjunción lingüística” que, a pesar de proponer un “patrón de equilibrio e igualdad entre lenguas”, no impide que el catalán sea el centro de gravedad del modelo educativo y tenga más peso que el castellano. No obstante, apunta que ni la Constitución ni las diversas leyes de educación admiten el derecho a recibir la enseñanza obligatoria en una sola lengua oficial. Esto, apunta, obliga a impartir al menos una asignatura principal no lingüística en castellano.

Las peticiones de los padres

Los padres de la niña reclamaron un 25% de clases en castellano y que se anulara todo el proyecto lingüístico del centro, al no considerar igual de vehiculares las dos lenguas. Querían que este tuviera en cuenta la mayoría catalanohablante de los alumnos y, por lo tanto, catalán y castellano tuvieran una presencia equilibrada. También pidieron que todas las señalizaciones y comunicaciones de la escuela fueran en las dos lenguas.

La directora del centro explicó que las materias no se imparten íntegramente en una lengua, puesto que la diversidad sociolingüística del alumnado “condiciona” lo que sucede en las aulas. Esto, dijo, hace que no sea posible concretar cuántas horas se utiliza el castellano y cuántas el catalán. También contó que hay una aula de apoyo para los alumnos que no entienden el catalán y que los maestros se adaptan a la realidad de cada estudiante.

Actualmente, en aplicación de medidas cautelares o de sentencias definitivas, hay 26 aulas catalanas en las que se imparte el 25% de materias en castellano.

El Govern recurrirá el fallo

La consellera de Educación, Anna Simó, ha acusado al TSJC de "extralimitarse" de sus funciones y ha afirmado que el Govern recurrirá al Tribunal Supremo (TS) la sentencia, que tiene un "sesgo político inadmisible".

Ha destacado que el TSJC no se ha movido "ni un ápice" respecto a pronunciamientos anteriores, a pesar de que, ha señalado, la última normativa aprobada por la Generalitat, el año pasado, no establece porcentajes para las lenguas.

"Sigue con su dinámica habitual, cambiando porcentajes e innovando, porque habla de asignatura principal cuando este concepto no existe en ninguna ley", ha criticado. 

"Lo que demuestra el TSJC es que le dan igual las leyes de educación, la pedagogía y la sociolingüística. Van a lo que van e intentan hacer de Parlament, de consellera de Educación y de directora de centro (educativo)", ha lamentado.

La consellera ha explicado que van a recurrir "a todas las instancias necesarias", primero mediante un recurso de casación al Tribunal Supremo.

En la esfera legislativa, el Govern tiene previsto aprobar un decreto que despliegue el título de la Ley de Educación que aborda el régimen lingüístico, para otorgar "más seguridad y certezas a los centros educativos", ha detallado.

También ha asegurado que el régimen lingüístico actual ofrece "todas las garantías" para que los alumnos de Cataluña dominen tanto el catalán como el castellano al acabar la escolarización obligatoria.

Junts critica que los jueces hagan de "pedagogos"

"Ya hemos visto jueces haciendo de políticos. Ahora también hacen de pedagogos. Los tribunales deben garantizar el cumplimiento de las leyes, no decidir la política lingüística en las aulas", ha sostenido en un apunte en X la presidenta de Junts, Laura Borràs.

También ha defendido que la separación de poderes es "una materia troncal de la democracia".

La CUP pide la comparecencia de Simó

La CUP ha reclamado la comparecencia "inmediata" en comisión Simó después del fallo del TSJC. El partido ha registrado este jueves la petición, que reclama a la titular de Educación que "valore la afectación de la sentencia en las políticas de inmersión lingüística". 

Lo ha anunciado el diputado Carles Riera, que ha criticado que el decreto lingüístico que pactaron ERC, el PSC, Junts y los comunes "no tiene capacidad para parar el ataque contra la lengua en nuestras escuelas". 

Riera ha considerado que Simó "tiene que asumir responsabilidades de una legislación que ella ha promovido".

Òmnium dice que el TSJC actúa "como un activista"

El presidente de Òmnium, Xavier Antich, ha acusado al TSJC de actuar "como un activista militante contra la lengua catalana". Ha calificado la sentencia como una "aberración jurídica" que atenta contra el catalán y ha anunciado que la recurrirán. "Y, si hace falta, llevaremos el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos", ha asegurado. 

También ha instado al Govern a impulsar una "normativa clara" que evite que los tribunales "tengan margen de interpretación" a la hora de resolver sobre el uso del catalán a las aulas.