Catalá congela el convenio hasta que el Valencia reanude las obras del nuevo Mestalla

  • El Gobierno municipal tramitará la licencia solicitada y solo negociará cuando el Valencia retome la construcción.
  • Si el pliego urbanístico cuyas bases sentó el PSPV cristaliza, incluirá programación temporal, sanciones y avales.
El Ayuntamiento insiste en que el Valencia debe acabar el nuevo Mestalla en las condiciones acordadas
Aspecto del nuevo estadio paralizado desde la avenida de las Cortes Valencianas.
20M EP
El Ayuntamiento insiste en que el Valencia debe acabar el nuevo Mestalla en las condiciones acordadas

El Ayuntamiento ha pasado la pelota al Valencia CF en el espinoso asunto de la reactivación de las obras de su nuevo estadio de Mestalla, paralizadas desde hace más de 14 años con el resultado de un esqueleto de hormigón inservible y abandonado en plena avenida de las Cortes Valencianas, una de las principales entradas a la ciudad y zona de negocios. El nuevo Gobierno municipal que dirige la popular María José Catalá ha comunicado al club, tras mantener una ronda de reuniones con grupos políticos y colectivos valencianistas (entre ellos los de oposición al actual máximo accionista, el magnate singapurense Peter Lim), que no negociará el convenio urbanístico que debe regir la operación hasta que el club retome "efectivamente" las obras.

De este modo, el Consistorio "se limitará a tramitar la licencia solicitada por el club" para reactivar los trabajos, según un comunicado hecho público este miércoles. Eso sí, sujeta a la colaboración de la entidad a los requerimientos y aclaraciones de los funcionarios municipales. Catalá pretende, con este movimiento, que sea el Valencia el que mueva ficha y, si realmente dispone de financiación suficiente con el préstamo de 80 millones de euros del fondo CVC gestionado por LaLiga y otros recursos, lo demuestre devolviendo las máquinas al nuevo estadio a medio construir.

"Solo en el momento en que el Valencia CF reanude efectivamente las obras se entablarán negociaciones para avanzar en un convenio que partirá del borrador realizado por el anterior Gobierno municipal (conformado por Compomís y el PSPV), aunque con incorporaciones que garanticen que el club cumpla con la ciudad", han explicado desde el Ayuntamiento.

Entre estas exigencias adicionales se incluirán una programación temporal de las obras con penalidades (sanciones) en caso de incumplimiento que deberán garantizarse mediante aval bancario, así como detalle de las fuentes de financiación de las obras del Nuevo Mestalla.

Por otro lado, el Consistorio no permitirá ningún incremento "cualitativo ni cuantitativo" del que el planeamiento actual ya prevé para las parcelas del club y no concederá licencias para las actividades lucrativas del nuevo campo hasta que el club pague la construcción del prometido polideportivo de Benicalap. Del mismo modo, tampoco dará luz verde a la reparcelación del viejo Mestalla sin que, previamente, el nuevo esté "totalmente construido y en funcionamiento" y se haya demolido el actual o garantizado su demolición mediante aval bancario. 

Por último, el Ayuntamiento también pedirá que el Valencia CF desista de los recursos contencioso-administrativos presentados contra la Generalitat por la denegación de la prórroga de la antigua Actuación Territorial Estratégica (ATE), ya caducada.

El Mundial 2030 y el descontento social, claves

El cambio de Gobierno municipal con el triunfo del PP y la celebración del Mundial 2030, con Valencia como posible sede, han reactivado las gestiones para desbloquear la finalización del nuevo Mestalla, un asunto que trasciende de lo futbolístico al afectar a la imagen de la ciudad y a su desarrollo urbanístico. El proyecto, impulsado por el expresidente del club Juan Soler y la exalcaldesa Rita Barberá, que cedió el suelo municipal a través de una permuta y recalificó el viejo Mestalla, fue víctima de la crisis económica e inmobiliaria de 2008 que acabó abocando a la venta de la mayoría accionarial del club a Peter Lim, y su reactivación es vista por algunos sectores como elemento de presión para forzar su marcha.

En este punto, la ronda de reuniones del concejal de Grandes Proyectos, José Marí Olano, con los distintos colectivos ha servido para que estos le transmitan el gran descontento de la masa social con el actual propietario de la mayoría accionarial, al que llevan años pidiéndole su marcha mediante protestas, manifestaciones y todo tipo de iniciativas.

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