La Unión Europea ha adoptado en los últimos años decisiones enfocadas a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, pero los efectos todavía no se notan, según un informe publicado por el Tribunal de Cuentas Europeo. Los indicadores clave de igualdad han mejorado poco en los últimos años, ya que las personas con discapacidad siguen teniendo problemas para encontrar un trabajo y siendo más vulnerables a la pobreza, resumen.
Además, los criterios de la condición de discapacidad difieren entre los países, lo que menoscaba el reconocimiento mutuo y evita que la Comisión Europea tenga una visión general sólida de la situación. Y es que el Ejecutivo comunitario ha publicado estrategias sobre discapacidad para toda la UE y ha propuesto nuevas iniciativas, pero la legislación pertinente se ha estancado, añaden desde el Tribunal de Cuentas.
"La Comisión ha asumido el compromiso de ayudar a las personas con discapacidad a desempeñar un papel igual de importante en la vida cotidiana, pero las acciones de la UE han tenido un impacto práctico limitado", explica Stef Blok, Miembro del Tribunal responsable de la auditoría. "Las personas con discapacidad en la UE se enfrentan todavía a una ardua batalla para encontrar un trabajo y luchar contra la pobreza, y deben superar obstáculos a su libertad de movimiento", concluye.
Los datos hablan por sí solos, según el informe. Alrededor de un cuarto de los ciudadanos de la UE de más de dieciséis años (alrededor de 87 millones de personas), en particular las personas mayores, han declarado una discapacidad física o intelectual. A medida que la población de la UE envejece, es probable que aumente su proporción y número. En 2021, según Eurostat, solo el 51% de las personas con discapacidad tenían un empleo, en comparación con el 75% de las personas sin discapacidad.
Una brecha que no se resuelve con el tiempo
Es decir, la brecha en el empleo se mantuvo prácticamente igual que en 2014 cuando empezaron los registros. Las personas con discapacidad se encontraban también en un mayor riesgo de pobreza (mayor para las mujeres que para los hombres) y la pandemia empeoró todavía más su situación.
El Tribunal de Cuentas Europeo también lanza una serie de avisos dada la situación. "Los Estados miembros tienen la responsabilidad principal en materia de políticas de inclusión social, pero ofrecen un apoyo y prestaciones muy distintos a las personas con discapacidad, y tienen distintos modos de decidir quién puede beneficiarse", expresan. Además, no reconocen la condición de discapacidad concedida por otros Estados miembros, algo que fomentaría la libre circulación en todo el bloque.
Como resultado, dicen, las personas con discapacidad que visitan otro país de la UE o que se desplazan para trabajar o estudiar, se arriesgan a recibir un trato desigual en comparación con los nacionales que viven una situación similar. Además de soportar una mayor burocracia, es posible que no disfruten de igualdad de acceso a servicios tales como tarifas reducidas para los museos o el transporte.
El papel de la UE consiste en prestar apoyo y coordinación. En su Estrategia 2021-2030, la Comisión abordó la mayoría de las deficiencias más tempranas y propuso una serie de iniciativas "sin precedentes" de inclusión, como la Tarjeta Europea de Discapacidad y el paquete sobre el empleo de las personas con discapacidad, que constituyen pasos en la dirección correcta, según los auditores.
Sin embargo, aclara el informe, la estrategia deja sin resolver muchas cuestiones clave. Los avances en este ámbito se ven obstaculizados por el estancamiento de la Directiva sobre igualdad de trato de la UE y la lentitud de los Estados miembros en la incorporación de la Ley europea de accesibilidad a la legislación nacional. El vínculo con la financiación de la UE también sigue siendo débil, y la Comisión no supervisa cuánto dinero de la UE se destina realmente a apoyar a las personas con discapacidad, lo que podría ilustrar cómo la financiación de la UE ha mejorado su situación.
Los auditores examinaron si las instituciones de la UE predican con el ejemplo en lo que respecta al empleo de personas con discapacidad. Sin embargo, debido a la falta de datos, no pudieron evaluar si estas instituciones han alcanzado sus objetivos mediante la inclusión de las personas con discapacidad en sus plantillas. Los auditores recomiendan que las instituciones de la UE recopilen los datos necesarios e informen sobre los progresos realizados.
La mirada puesta en el año 2030
En marzo de 2021, la Comisión Europea adoptó la Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 2021-2030. Con esta Estrategia decenal, la Comisión Europea quiere mejorar la vida de las personas con discapacidad en Europa y en todo el mundo. La idea es que el planteamiento se dé a medio plazo y de hecho abarca dos legislaturas diferentes. No obstante, no es una iniciativa novedosa.
La Estrategia se basa en los resultados de la anterior Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020, que allanó el camino, dicen desde Bruselas, para una Europa sin barreras en la que las personas con discapacidad puedan ejercer todos sus derechos y participar plenamente en la sociedad y la economía. "A pesar de los avances realizados en la última década, las personas con discapacidad aún se encuentran con obstáculos considerables y corren mayor riesgo de pobreza y exclusión social", resume la Comisión.
Con este plan el Ejecutivo comunitario establece un conjunto de acciones e iniciativas emblemáticas en diversos ámbitos y se fijan numerosas prioridades. Que las personas con discapacidad puedan circular y residir libremente, pero también participar en el proceso democrático, y tengan la posibilidad de tener una calidad de vida digna y de vivir de forma independiente, puesto que la Estrategia se centra especialmente en el proceso de desinstitucionalización, la protección social y la no discriminación en el trabajo, así como la igualdad de participación.
¿Por qué? Porque el objetivo de estos planes, recuerdan, es proteger eficazmente a las personas con discapacidad contra cualquier forma de discriminación y violencia y garantizar la igualdad de oportunidades en la justicia, la educación, la cultura, el deporte y el turismo y el acceso a ellos, así como la igualdad de acceso a todos los servicios sanitarios.
La hoja de ruta de la Comisión recoge, por último, el papel de la UE a la hora de dar ejemplo, y el propósito de la Unión de alcanzar los objetivos de esta Estrategia. La meta última, concluyen desde Bruselas, es la promoción de los derechos de las personas con discapacidad a escala mundial
Medidas concretas: la Tarjeta Europea de Discapacidad
En ese escenario, una de las medidas de mayor respaldo es la Tarjeta Europea de Discapacidad, cuya aprobación sigue pendiente. La Comisión Europea ya ha expresado sus directrices. Este documento, explican, servirá para demostrar la condición de discapacidad en todos los países de la UE. Concederá a los titulares de tarjetas una igualdad de acceso a condiciones especiales y a un tratamiento preferencial en cualquier lugar de la UE.
Las condiciones especiales se aplican a la hora de utilizar el transporte público, así como de asistir a actos culturales y acudir a museos, centros deportivos y de ocio, parques de atracciones, etc. Pueden ofrecerse, refleja Bruselas, por ejemplo, en forma de: entrada gratuita; tarifas reducidas; acceso prioritario; asistencia personal; ayudas a la movilidad. La tarjeta europea complementará las tarjetas nacionales de discapacidad que las autoridades nacionales sigan concediendo sobre la base de sus propios criterios.
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