Una de las fortalezas del separatismo es sin duda su correosa propaganda, la capacidad de infiltración mediática de sus mensajes, que muchas veces son una mezcla de medias verdades y mentiras. Hoy es el sexto aniversario de la votación del 1 de octubre de 2017, que el Govern de la Generalitat, con Carles Puigdemont y Oriol Junqueras al frente, quiso presentar al mundo entero como un referéndum de verdad, pero que no superaba ningún estándar democrático, particularmente las condiciones que establece el Consejo de Europa en la convención de Venecia.

Coloquialmente hablamos de "referéndum", pero aquello no fue otra cosa que una manifestación donde los participantes simulaban una votación. Lo absurdo ese día fue la intervención policial que ordenó el Gobierno de Mariano Rajoy en búsqueda de unas urnas que no habían podido ser interceptadas antes. Esa decisión regaló algunas imágenes de cierta violencia que el independentismo explotó hábilmente, inventándose una cifra de miles de heridos, curiosamente sin ningún ingreso hospitalario.

Por fortuna, no sucedió nada grave. Recordemos que el único muerto de todo el procés fue un turista francés que en octubre de 2019 sufrió un infarto en el aeropuerto del Prat en medio de las violentas protestas contra la sentencia que dictó el Tribunal Supremo.

Otra de las afirmaciones que estos días se repite mucho para explicar las bondades de una posible amnistía, como condición para investir a Pedro Sánchez, es que no solo beneficiaría a los líderes del procés, particularmente a Carles Puigdemont, sino a varios miles de personas que tienen causas judiciales abiertas. Tanto las entidades civiles del independentismo (ANC y Òmnium), como ERC y Junts, vienen difundiendo cifras disparatadas de "represaliados", en un sumatorio sin pies ni cabeza, pero que les permite hablar de unas 4.000 personas. Con esa cifra pretenden hacer creer que existe una "causa general" de persecución del independentismo. 

La realidad es que no se sabe cuántas causas judiciales siguen abiertas, pendientes, pero no parece que pueda haber muchas. La inmensa mayoría de todo lo que pudo ser materia de delito ha sido archivado y en otros muchos casos los acusados han sido absueltos. Hace más de un año, plataformas independientes de verificación de noticias como Newtral o Verificat, rebajaban a 700 las causas posibles frente a la información que difundía Òmnium Cultural. Por tanto, la amnistía efectiva quedaría limitada a algunas decenas de personas, muy lejos de esos miles de "represaliados", básicamente para los delitos de malversación, que es donde existe la posibilidad de acabar en la cárcel. Recordemos que la sedición fue suprimida en el Código Penal y nadie va a la cárcel por desobediencia.

La posible amnistía beneficiaría sobre todo a Puigdemont, que podría regresar a Cataluña como si fuera un exiliado de verdad, tras ser perseguido por la "antidemocrática" España. En ERC, aunque tienen algunos cargos importantes acusados de malversación, interesados en la amnistía, sopesan el riesgo político del retorno del expresidente. Tal vez por eso los republicanos han doblado la apuesta para votar a Sánchez, exigiendo también el referéndum, pero que saben imposible para el PSOE. Igual los de Junqueras prefieren ir a nuevas elecciones, y asumir que gobierne la derecha, antes que enfrentarse electoralmente al regreso de Puigdemont.