La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) conocida este martes que da la razón a Teresa Rodríguez y al resto de diputados que fueron expulsados durante la pasada legislatura del antiguo grupo Adelante Andalucía, formado por Podemos e IU, ha provocado ya las primeras peticiones de dimisión en la Cámara andaluza y la reacción de todos los partidos.

Ha sido el portavoz parlamentario del actual grupo Adelante Andalucía, José Ignacio García, quien ha reclamado este miércoles la dimisión de la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, al considerar que "está inhabilitada para estar en política". Para García, la sentencia del TC "certificó lo que era una operación de régimen", cuyo objetivo, ha dicho, era lograr "la muerte civil de Teresa Rodríguez y de Adelante".

Sobre la expulsión en sí, ha sostenido que "se pusieron de acuerdo IU y Podemos, que se llevan a matar", para "cargarse cualquier atisbo de una voz andaluza", por lo que ha repartido culpas personales, además de sobre Nieto, en las figuras de "Enrique Santiago, Martina Velarde y Toni Valero", además de recordar a "dirigentes del PSOE que le tenían muchas ganas a Teresa Rodríguez".

García ha sostenido que esa iniciativa tuvo "tres motivaciones políticas", entre las que ha mencionado "eliminar la voz andaluza en el Estado español porque molestaba a los intereses de los partidos en Madrid; eliminar a la izquierda que quería ser algo más que la muleta del Gobierno y porque hemos denunciado los privilegios de la política".

El portavoz de Adelante ha recordado también que en aquel proceso "despidieron a 20 trabajadores saltándose la normativa, se nos llamó tránsfugas y corruptos, nos llamaron ladrones", mientras que ha sostenido que "los dirigentes de IU se apropiaron de dos millones que no les correspondían (en alusión a la financiación del grupo parlamentario) y prefirieron una oposición de cinco a una de 17".

"La justicia, cuando es tarde, no es justicia", ha lamentado García, quien se ha preguntado "por qué no aceptó el Tribunal Constitucional las medidas cautelares que habrían hecho justicia", antes de explicar que su grupo actual, Mixto-Adelante Andalucía, ha solicitado una reunión con el presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, para ver "cómo se puede ejecutar" el fallo, al tiempo que ha demandado "un reconocimiento público".

Después de asegurar que "cambiaron el reglamento a posteriori para quedarse con el dinero de 17 parlamentarios", García ha sostenido sobre ese reconocimiento público que "habrá que ver la forma jurídica" de concretarlo tras argumentar que "el Parlamento cercenó los derechos de casi el 10% de la Cámara" y colegir que "algo tendrá que decir".

Nieto no se irá

La dimisión, no obstante, no se va a producir. Así lo ha asegurado Nieto, que ha señalado que no va a "alimentar la confrontación y esta forma de personalizar las cosas", al tiempo que ha apuntado que "esto es política y le debemos un respeto a la gente que representamos".

En cuanto a la sentencia del TC, que Nieto ha afirmado no haber leído aún, la portavoz de Por Andalucía ha apelado al "vacío jurídico" con que la Mesa del Parlamento tuvo que afrontar la petición de expulsión que Podemos alentaba sobre Teresa Rodríguez. En este sentido, ha reiterado que "hace falta una reglamentación para el paso de los no adscritos que se desvinculan de coaliciones electorales".

Igualmente, Nieto ha alegado que "los tiempos políticos son más rápidos que los jurídicos". Y ha mantenido que los diputados expulsados "conservaron intactos" sus derechos, entre ellos, "salarios, retribuciones, presencia en comisiones, en el Pleno, derecho a hacer iniciativas", y que por todo ello "la Cámara respetó sus derechos individuales". Y ello a pesar de que la sentencia del TC afirma que los afectados vieron "vulnerados" sus derechos.

Reacciones del resto de grupos

El PP-A ha considerado que Inmaculada Nieto debería "pedir perdón" al Parlamento y a los andaluces y asumir "responsabilidades" porque metieron a la institución en un "lío jurídico y judicial sin precedentes". Así lo ha afirmado el portavoz popular, Toni Martín, que ha lamentado que el "gran legado de los partidos de izquierda a este Parlamento" es trasladar sus "peleas y guerras civiles internas" a las instituciones. Un legado, ha añadido, que "ha consistido en trasladar a la institución más importante de Andalucía sus batallas internas, sus porquerías internas y su incapacidad de entenderse siquiera entre ellos". 

"Veremos a ver cuáles son las responsabilidades y cuáles son las consecuencias que se derivan de esta sentencia", ha continuado Martín, al tiempo que ha recordado que los dos miembros del PP-A se abstuvieron en la votación de la Mesa porque "no entendíamos el guirigay propiciado desde la dirección de Podemos y desde la señora Nieto, particularmente". En todo caso, ha aclarado que ellos no piden la "dimisión" de nadie.

Por su parte, el PSOE-A ha expresado su "absoluto respeto" a la resolución del TC y ha apuntado que será el tribunal de garantías el que deberá aclarar las "consecuencias" de su sentencia. Ángeles Férriz, portavoz parlamentaria de la formación, se ha limitado a señalar respecto a este asunto que es "una cuestión que un grupo político llevó y elevó" al Constitucional, y este tribunal "ha resuelto" con una decisión que los socialistas "respetamos".