Óscar Tarruella denuncia a Netflix por aparecer en el documental sobre la muerte de Mario Biondo

Tres semanas después de que Netflix estrenara, en contra del deseo de la familia, el documental sobre la muerte de Mario Biondo, Las últimas horas de Mario Biondo, el investigador y expolicía de homicidios Óscar Tarruella ha denunciado a la plataforma por haber utilizado su imagen "sin consentimiento". 

Antes de que esta docuserie de tres episodios saliese a la luz, este criminólogo español ya reveló a través de su canal de YouTube que, tanto él como la familia de Mario Biondo habían revocado el permiso para que Netflix tratase sus imágenes en el especial de Mario Biondo, tras darse cuenta de habían participado en él "engañados". 

Y es que, según él mismo relata, durante las grabaciones desconocían quién estaba detrás realmente de este documental. Su entusiasmo por el proyecto se desvaneció rápidamente cuando descubrieron que quien producía el documental era, ni más ni menos, que Guillermo Gómez, el exmánager de la presentadora Raquel Sánchez Silva, viuda del cámara de televisión italiano. 

Es por ello que, a consecuencia de la emisión de este documental, Tarruella ha decidido tomar medidas legales contra la plataforma. "Lamentablemente, me he visto en la obligación de denunciar a Netflix ante la Agencia Española de Protección de Datos [AEPD]", escribía este viernes el exmarido de Mónica Naranjo a través de su perfil de Twitter -ahora llamado X-. 

Además, la denuncia se ha presentado también contra el director de No Ficción de Netflix, Álvaro Díaz, muy conocido por haber estado al frente de Gran Hermano cuando trabajó en Zeppelin. 

Como ha podido confirmar en primicia 20Minutos,  fue el pasado 12 de mayo cuando Tarruella comunicó a Netflix su decisión de revocar el consentimiento para que utilizaran sus datos personales y su imagen en el documental.

Así pues, el 3 de agosto esta plataforma de vídeo incumplió esta petición formal por lo que, según el mismo explica, habrían incurrido "en una falta muy grave contra la protección de datos castigada entre 300.000 a 20.000.000 millones de euros".