La Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra hizo el año pasado el seguimiento de 175 posibles casos de radicalización violenta en el ámbito yihadista y de la ultraderecha, detectados gracias al trabajo que se realiza a través de los programas de prevención de extremismos violentos (PREV). El 84% de los casos estaban vinculados al yihadismo y un 10% a la ultraderecha. 

Los mecanismos de intervención recondujeron la situación y permitieron que en el 61,8% de los casos se parara un posible proceso de radicalización en los primeros 6 meses desde su detección. Un 22,7% más se revirtieron antes de un año desde su detección. Solo un 15,5% de los expedientes se mantiene activo después de un año y se sigue interviniendo multidisciplinariamente.

Se comunicaron tres casos a la fiscalía, todos ellos en el marco del #PREV comunidad educativa. Dos de estas comunicaciones fueron únicamente en efecto de protección del menor y la otra consistió en una acción policial basada en el asesoramiento especializado.

En el caso más grave, un menor amenazó con un cuchillo de grandes dimensiones a un alumno del centro con un posible trasfondo ideológico, y el hecho se puso en conocimiento de los Mossos para analizarlo ante la posibilidad de que se tratara de un proceso de radicalización violenta. 

También se intervino en un caso de interés desmesurado de un joven por las armas, o en otro caso de representaciones gráficas recurrentes de admiración por acciones terroristas en el marco de un relato de ideología extremista violenta. 

En todos los casos se compaginaron acciones de investigación tanto en el espacio físico como virtual, con otras iniciativas pedagógicas y asistenciales, con la incorporación gradual de profesionales y referentes según las necesidades en cada momento.

En el ámbito del #PREV ejecución penal, en el marco de cumplimientos de condena con medidas de libertad vigilada, durante 2022 la Comisaría General de Información participó de dos proyectes multiagencia, con la participación de diferentes administraciones, que tenían por objetivo la desradicalización y la reinserción social de personas que justo recuperaban la libertad después de haber cumplido condena por delitos relacionados con una radicalización extremista violenta.

En cuanto a los mecanismos de intervención generados en los diferentes programas de prevención, se llevaron a cabo 72 intervenciones educativas básicas y doce medidas de intervención específicas propuestas por las Juntas Territoriales de Evaluación y Seguimiento (JTAS). Los Servicios Sociales y la DGAIA intervinieron en doce de estos casos detectados, a la vez que se propusieron tres acciones accesorias.

Las detecciones se produjeron en estadios incipientes y, con una intervención educativa o asistencial, los procesos de radicalización violenta no evolucionaron o no avanzaron hacia la violencia, a pesar de que detrás había una ideología que legitima la violencia como medio para lograr sus objetivos.

Todas las informaciones que llegaron se trabajaron y evaluaron de manera individualizada, por lo tanto, el enfoque se adaptó a las necesidades de cada caso. Las aproximaciones se realizaron, en función de cada situación, desde la vertiente educativa, policial, de derivación a servicios sociales o a la DGAIA, de acciones de intervención accesoria o, previendo solo para los casos más graves, investigaciones judicializadas.