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El Gobierno aprueba un real decreto que reconoce y regula la lengua de signos

  • Se trata de una demanda histórica de la comunidad sorda que alinea a España con otros países de nuestro entorno.
Dos personas se comunican por lengua de signos.
Dos personas se comunican por lengua de signos.
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Dos personas se comunican por lengua de signos.

El Gobierno aprobó este martes un real decreto que regula el uso de la lengua de signos y que permite que las personas sordas puedan elegir libremente entre la lengua de signos o el lenguaje oral a través de los medios de apoyo.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a este real decreto que, según han informado desde el Ministerio de Derechos Sociales, da respuesta a una demanda histórica de la comunidad sorda de hacer realidad el reconocimiento legal de su lengua natural, alineándose con otros países del entorno comunitario.

Este reglamento cuenta con el consenso de las organizaciones de personas sordas y sordociegas y sus familias y cuenta con el apoyo de CERMI y permitirá a las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas la libre elección entre la lengua de signos y la lengua oral a través de los medios de apoyo a la comunicación oral, así como a través de la regulación expresa de nuevos ámbitos en los que se determinan las condiciones de utilización de la lengua de signos y de los medios de apoyo a la comunicación oral.

También adapta la legislación española a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, siguiendo las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas de 2019.

El Ministerio que dirige Ione Belarra ha informado, asimismo, de la aprobación del II Plan Nacional de Accesibilidad Universal 2023-2032, (dotado de 93,5 millones de euros) que reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas.

El Plan consta de seis ejes estratégicos, entre los que destacan el refuerzo del marco normativo en materia de accesibilidad universal y el impulso de su cumplimiento, y el avance en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, este Plan no sólo favorecerá a las personas con discapacidad sino a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles, como aquellas con alguna limitación funcional, personas mayores, embarazadas, personas con lesiones temporales, que porten carritos de bebé o maletas, etc.

Al tratarse de un periodo temporal muy extenso, el Plan contará con un seguimiento trienal que sirva para evaluar el progreso en la implementación de las medidas y el presupuesto asignado alcanza los 93.467.014 euros.

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