Hace pocos días amanecíamos con la confirmación de un naufragio frente a las costas griegas donde un número indecente de niños, mujeres y hombres han muerto con la complicidad de un sistema europeo de migración y asilo quebrado. No es un caso aislado, días más tarde, naufraga una lancha neumática en la ruta hacia Canarias, al menos 35 personas han muerto.

Lo sabemos, el derecho a la vida – y el consiguiente deber de rescate - no es negociable. Tampoco lo es el derecho a recibir protección. Sepamos, en todo caso, que cuando se abre a negociación es en nombre de toda la ciudadanía, incluida la que hoy se siente a salvo bajo la creencia de que opera la legalidad internacional, en el plano jurídico, o una Europa de valores, en el ético.

Escuchamos que la culpa es de las mafias: si fuera así de simple no estaríamos lamentando esta tragedia. Desde 2015 es un argumento conveniente: el culpable es externo y abstracto y, mientras tanto, nada cambia. Necesitamos, por ejemplo, que la Unión Europea rinda cuentas sobre los esfuerzos que ha puesto en habilitar vías legales y seguras. No se han tomado medidas reales para que las personas que han arriesgado sus vidas, las de sus hijos y pagan a los traficantes hubieran podido pedir protección de otra manera.

Mientras tanto, los gobiernos de los 27 y sus instituciones ultiman en estos meses las negociaciones sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo. Una serie de acuerdos sobre cómo nos coordinamos en la UE para la gestión de nuestras fronteras, el cumplimiento de nuestros deberes en materia de derechos humanos y protección internacional, la solidaridad entre estados en caso de picos altos en las llegadas de refugiados. Son acuerdos con un impacto crucial en la vida de muchísimas personas.

Las tragedias de Grecia y Canarias no son una fatalidad, son el resultado de decisiones que las amparan o no hacen lo suficiente por evitarlas. Los próximos meses serán decisivos para el Pacto y España tendrá una posición privilegiada a la cabeza la presidencia del Consejo de la UE. Deberíamos exigir un sistema valiente e inteligente de gobernanza de las migraciones y asilo que cumpla algo básico que, desafortunadamente, parece extraordinario hoy en día: que se respeten los derechos humanos, la legalidad internacional y los principios de la UE.