Uruguay se convirtió este miércoles en el primer país de Latinoamérica en aceptar la adopción de niños por parejas del mismo sexo, después de que el Senado aprobara por mayoría absoluta la reforma legal que habilita este supuesto.

Ahora sólo falta que el Ejecutivo presidido por el socialista Tabaré Vázquez promulgue la norma para que entre en vigor, lo que se estima será antes de las elecciones generales del próximo 25 de octubre. El proyecto de ley aprobado este miércoles en el Senado con la mayoría del gobernante Frente Amplio es en realidad una modificación del Código de la Niñez y la Adolescencia de Uruguay que habilita a las parejas "en unión libre o concubinato" a adoptar niños sin impedimentos.

Desde 2008 la ley uruguaya equipara los derechos y obligaciones del matrimonio a los de las parejas heterosexuales u homosexuales que convivan más de cinco años, lo que incluye la asistencia recíproca, la sociedad de bienes, los derechos sucesorios, cobro de pensiones por fallecimiento y otras disposiciones vinculadas a la seguridad social. Así, permitir que personas acogidas a esta ley adopten niños habilita automáticamente a las parejas homosexuales que lo deseen adoptar a un menor.

Uruguay se une así a países como Bélgica, Países Bajos, Reino Unido o España donde existen leyes que abren las posibilidades de adopción a parejas del mismo sexo.En el continente americano, tan sólo Canadá y algunas zonas de Estados Unidos permiten esta opción.

"Evitar irregularidades"

La reforma legal, impulsada por la coalición de izquierda en el poder, ya había sido aprobada con mayoría absoluta por la Cámara de Diputados el pasado 27 de agosto con algunas modificaciones respecto a un primer borrador aprobado en julio por los senadores, por lo que fue necesaria una votación posterior para ratificar los cambios y que la ley pueda ser promulgada.

Según la senadora oficialista Margarita Percovich, en realidad la norma lo único que busca es adaptar la ley a los derechos de los niños y evitar las irregularidades que existen en la actualidad, donde muchos niños son entregados "de forma negociada, fomentando el tráfico de menores".

Por su parte, la principal fuerza opositora, el conservador Partido Nacional, mostró su profundo rechazo a esta modificación legal y sus representantes apuntaron que estarían dispuestos a derogarla si resultan ganadores en las elecciones generales de octubre.