Los ministros de Trabajo de los 27 han respaldado este lunes en Luxemburgo la elaboración de una directiva para dar unas condiciones laborales positivas a los repartidores, lo que se conoce entonces como una 'ley rider' europea. España, de todos modos, se queda fuera de este consenso porque la considera insuficiente. "Está fuera del sentido común", ha asegurado tras la reunión la ministra de Trabajo y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, al mismo tiempo que anunció su abstención respecto a la norma.

España aprobó ya su propia ley rider en la primavera de 2021. Una directiva europea en este sentido no contradiría la norma, puesto que si bien las directivas son actos legislativos en los cuales se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir, corresponde a cada Estado miembro elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos.

"España siempre ha defendido la aprobación de una directiva con el mayor grado de ambición posible para proteger a todas aquellas personas que trabajan en empresas digitales", expresó la número tres del Ejecutivo ante los periodistas. Considera pues España que la ley no da suficientes garantías a los trabajadores ni hay un avance en derechos laborales.

Este acuerdo, matizado desde el Ejecutivo español, llega después de la falta de sintonía de los 27 el pasado mes de diciembre. En cambio, Díaz ha sido tremendamente crítica con la dirección del paso que se ha dado. "En honor a la verdad y por sentido común, no podemos asumir que un joven en una bicicleta o un conductor con un teléfono móvil sean empresarios. No lo son", explicó, antes de reiterar que la idea de directiva que se ha planteado en Luxemburgo "no protege a las personas trabajadoras".

¿Qué incluiría la ley? Pues requisitos como que la plataforma establezca criterios de apariencia, la restricción de horarios y de trabajo para terceros, los límites máximos de remuneración o la supervisión por medios electrónicos, entre otros puntos. Si de todos los puntos se cumplen tres, el rider tendrá que ser considerado como trabajador de esa plataforma. Díaz en cambio apuesta por una directiva "más ambiciosa".

Esto, de todos modos, no es el final del camino puesto que con este acuerdo lo que se fija es la posición de los 27. Se trata de la parte que defenderá el Consejo en las negociaciones sobre esta normativa con el Parlamento Europeo, que es el otro legislador.

Precisamente España, junto con Bélgica, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia, invita al endurecimiento de esta ley han decidido firmar una declaración con el fin de invitar a la "reflexión" para que la propuesta sea mejorada en las reuniones informales entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo.

"Es necesario establecer la presunción de laboralidad sin restricciones o excepciones, ya que esto solamente perpetuaría el desequilibrio actual entre las plataformas digitales y las personas que trabajan en ellas, e incluso entre intermediarios, lo que ha llevado a la existencia de miles de falsos autónomos en Europa y a condiciones laborales precarias", aseguran.

La posición de Díaz se basa en la doctrina tanto de tribunales de diferentes Estados miembro como del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea acerca del concepto de subordinación, razón por la que considera "muy poco comprensible" que el texto de la presidencia sueca del Consejo "devalúe la posición de los propios tribunales" en lo que respecta a los derechos laborales.