El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja ha reconocido el derecho de una joven intercambiada con otra bebé cuando nacieron en 2002 en el antiguo Hospital San Millán de Logroño a percibir 635.000 euros de la aseguradora del Servicio Riojano de Salud, ha informado este lunes, en una nota, José Sáez Morga, abogado de la demandante.

Así consta en el auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de La Rioja, dictado el pasado 30 de mayo y notificado este lunes a las partes, en el que se desestima el recurso de reposición interpuesto por la aseguradora contra el auto de 8 de mayo de 2023, que le denegó la medida cautelar de suspensión del pago de los 635.000 euros. La cuantía forma parte de los 850.000 euros acordados por el Consejo de Gobierno de La Rioja para esta joven.

El pasado mes de abril, la Justicia condenó a la compañía aseguradora del Servicio Riojano de Salud a abonar una indemnización de 850.000 euros a esta joven que había sido intercambiada, de los que solo ha recibido 215.000 euros.

La Justicia obliga a una aseguradora a pagar 850.000 euros a una joven que fue intercambiada por otro bebé en 2001

La compañía aseguradora pidió una medida cautelar para suspender el pago de los 635.000 euros restantes, a lo que ha respondido en este auto la Sala de lo Contencioso del TSJ de La Rioja.

Esta joven, cuyos padres fueron declarados incapaces, se crió con la que creía su abuela materna, quien, en 2017, interpuso una demanda de manutención contra el que consideraba progenitor de la niña, pero éste rechazó el pago y una prueba de ADN confirmó que no era el padre biológico.

También se determinó que tampoco era hija de quien consideraba su madre biológica, por lo que inició el proceso para conocer a sus verdaderos padres y, tras revisarse los nacimientos registrados en el antiguo Hospital San Millán el mismo día que el suyo, se descubrió que el intercambio de las dos bebés se produjo en las cunas.

Esta joven, cuyo caso se conoció en 2021, reclamara una indemnización de 3 millones de euros, que es la máxima que establece la Ley de Consumidores y Usuarios por daños que se puedan considerar irreparables.