La sanidad pública en España es un logro social del que no debemos ni podemos desprendernos. Es la piedra angular del Estado de Bienestar, frente a otras sociedades donde hay quienes se quedan atrás. El nuestro es un sistema sanitario, universal, justo y solidario. Este convencimiento es - yo diría- amplísimamente compartido.

Como establece la Ley General de Sanidad, en España hay un solo Sistema Nacional de Salud (SNS) con dos aliados. Cada uno tiene su espacio y su relevancia. El "juntos somos más fuertes" adquiere peso estratégico, como ha quedado demostrado durante décadas y especialmente durante la pandemia. Combinar las ventajas de ambos permite trabajar en pro del paciente.

Sin embargo, en estos momentos, fruto de muchos factores desencadenantes, pero uno en especial con la reprogramación asistencial tras la pandemia, el colapso de la pública está afectando también a la privada. No de la misma forma ni en el mismo grado, pero la accesibilidad a la privada se resiente cuando muchos ciudadanos se ven obligados a hacerse una póliza de aseguramiento de salud para recibir atención sanitaria que saben va a prestarse de forma tardía en la pública y porque, evidentemente, evitan que su estado de salud se vea afectado. Pero la incorporación de cientos de miles de personas añadidas que acuden a los hospitales y clínicas privadas supone una situación anormal para el sector. La diferencia con la sanidad pública es la accesibilidad y esta se ve comprometida ahora. Pero, que no haya dudas, nos adaptaremos porque esto es temporal.

"Ante las inminentes elecciones, la privada se convierte en el juguete roto que todo lo explica y que todo lo justifica"

En este contexto, no faltan oportunistas que señalan a la privada como las "siete plagas" que afectan a la pública. El gasto público sanitario, la gobernanza del sistema sanitario público, la eficiencia de cada centro o la gestión de las listas de espera son factores en los que – creo que estaremos de acuerdo otra vez- no incurre decisión alguna del sector de sanidad privada.

Aun así, ante las inminentes elecciones, la privada se convierte en el juguete roto que todo lo explica y que todo lo justifica. El arma arrojadiza proverbial. Porque el mantra de la “sanidad privada nos roba” ya está muy visto y no explica las ineficiencias en gobernanza sanitaria, ni la escasez de médicos o enfermería, ni la necesidad de ajustar las funciones profesionales sanitarias para atender al sistema, ni otros muchos componentes multiplicadores de la situación compleja de la pública.

Creo que la mayoría de la población llega a entender el papel que ocupa la sanidad privada en el sistema nacional. Sin extremismos ni consignas ideologizantes. Somos una opción de disposición libre (como tantos servicios en nuestra sociedad) pero igualmente somos (y lo hemos demostrado especialmente con la pandemia reciente, pero también desde hace décadas) un recurso estratégico, flexible y adaptativo para amparar, socorrer y secundar las necesidades específicas de la pública en momentos concretos. Y en el modo que corresponda – conciertos, mutualismo de funcionarios, concesiones de gestión…-, pero nunca de privatización.

"Gestionamos la salud de aproximadamente uno de cada tres ciudadanos entre la elección libre de seguros privado"

Colaborar no implica titularizar el servicio como privado. Significa que la pública no llega y que la privada colabora. En nuestro caso, gestionamos la salud de aproximadamente uno de cada tres ciudadanos entre la elección libre de seguros privados (12 millones de personas) y los pacientes bajo colaboración público-privada.

Ahora se plantea que la privada no debe ayudar a la pública, salvo casos excepcionales. Se trata de poner sobre la mesa una contraposición o en crear un enemigo común. Como si esta excepcionalidad fuera a ayudar a resolver el problema de la pública. Si tal decisión se llevara a cabo, la pública deberá asumir los millones de personas que son atendidas a través de concierto sanitario, en el estallido de una crisis de listas de espera como no ha habido otra. ¿Es esa la solución?

Evitar la criminalización

Que nadie dude de que nosotros estamos contentos si a ti (pública) te va muy bien y a mí también. No es una realidad inviable. No necesitamos que a la pública le vaya mal para que a la privada le vaya bien como algunos con intereses partidistas buscan contraponer.

Recordemos que a finales de marzo el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno a evitar la criminalización de la actividad sanitaria privada que se puede desprender de algunos mensajes vertidos por las posiciones más radicalizadas en el Consejo de Ministros.

En lugar de suprimir por ley la colaboración público-privada, debemos trabajar todos para optimizarla y mejorarla. Y reconocer la contribución de la asistencia sanitaria privada a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es el primer paso. Así dejaremos atrás las plagas bíblicas.