La situación es la siguiente: el 18,7% de los estudiantes españoles entre 14 y 18 años ha sufrido acoso escolar en alguna ocasión y el 12,7% ha vivido en carne propia el ciberacoso, según la Encuesta de Convivencia Escolar realizada en 2020 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Esto es, aproximadamente, una quinta parte del alumnado. Más de medio millón de jóvenes.
En términos de discapacidad, estos porcentajes son aún más aterradores: el 80% de los estudiantes con discapacidad ha sido víctima bullying en el colegio y en el 57% de los casos se prolonga durante años. Con la connivencia, claro, de parte del entorno escolar.
Las modalidades de violencia escolar más frecuentes son las burlas, el aislamiento y el rechazo; las consecuencias son el empeoramiento de las calificaciones, el descenso de la motivación para asistir a clase y el incremento de la tristeza y de las ganas de llorar.
Esta apabullante realidad pone de manifiesto una pérdida de valores que nos impide avanzar como sociedad. Frente a la búsqueda del progreso por la fuerza, urge parar, hacer un ejercicio de autocrítica y analizar dónde queremos llegar. Solo desde la calma y permitiéndonos la rectificación tomaremos el camino correcto.
Contra el acoso escolar en general es acuciante una ambiciosa campaña de educación y sensibilización a todos los estratos de la sociedad, a fin de que esta pandemia latente no se siga expandiendo gracias al silencio de los otros.
El acoso escolar por razón de discapacidad es harina de otro costal. Porque además de la autocrítica a nivel social, apremia la reflexión política y eso, querido lector, es un rara avis en el panorama actual.
No me refiero a otra cosa que a la polémica LOMLOE y sus intenciones respecto a la Educación Especial que, tras una tradición de décadas quedaría relegada, a la escolarización de alumnos “que requieran una atención muy especializada” y a la función de “referencia y apoyo para los centros ordinarios”. No lo digo yo; lo dice la propia LOMLOE, en su disposición adicional cuarta.
Desde el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) venimos advirtiendo desde hace tiempo de los efectos adversos de esta ley tanto para los más de 400 centros de educación especial que existen actualmente en España, donde los casos de acoso escolar no llegan al 3%, como para los cerca de 40.000 estudiantes que cursan en ellos y para sus familias. Una situación de alerta que se basa en lo establecido en el artículo 74 de la citada ley.
A nuestro entender, existen aquí dos puntos perniciosos para los estudiantes con discapacidad. Primero, porque se quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad, al establecer que será un profesional quien evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al estudiante, y segundo, porque abre la puerta al traslado de alumnos al modelo “más inclusivo” atendiendo a los resultados obtenidos al final de curso, valorados de nuevo por un profesional sin tener en cuenta la falta de recursos y de perfiles profesionales para esta tipología de alumnos.
Para CEDDD, “inclusión” debe ser entendida desde el derecho del estudiante a su permanencia en el sistema educativo y a su bienestar en el mismo, garantizando que el alumnado sea atendido en sus necesidades propias, en orden a optimizar sus capacidades y su ulterior adaptación socio-laboral. Por eso pedimos al Ministerio de Educación que recapacite y dé marcha atrás en sus planes para la Educación Especial. La sociedad no está preparada.
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