El plan estatal para la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler asequible de jóvenes y familias no convence al Ayuntamiento de Madrid. "No quiero hacer valoraciones demasiado negativas, pero en el caso de la capital no creemos que vaya a aportar demasiado", ha indicado la portavoz del Gobierno municipal, Inmaculada Sanz. Ha defendido que llevan ya "bastante tiempo" trabajando en esta materia con el antes conocido como 'banco malo', por lo que "todos pisos que están disponibles y en condiciones mínimamente utilizables ya se están utilizando".

Ha descartado que este nuevo plan, aprobado en el Consejo de Ministros, vaya a suponer una "mejora" en la ciudad.

Solo 5 pisos habitables en la Comunidad

Por su parte, los técnicos de la Comunidad de Madrid solo han dado su visto bueno a cinco pisos de los 2.079 de los que es propietaria la Sareb en la región. Según han indicado, el resto se encuentran situadas en zonas de nula demanda, ya fueron vendidas, están ocupadas ilegalmente o no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad. 

Desde el conocido como 'banco malo' ofrecieron al Gobierno regional 87 viviendas para su posible adquisición— ya estaban descartadas las okupadas sin título legal o con una superficie inferior a 150 m2. Cuando los técnicos revisaron las fichas de las mismas, concluyeron que solo 51 de ellas eran susceptibles a ser destinadas al alquiler social. El motivo: el resto estaban ubicadas en zonas de nula demanda, ya habían sido vendidas o estaban ocupadas ilegalmente. 

De esas 51, los técnicos solo dieron el visto bueno a 7, aunque esta cifra disminuyó finalmente a cinco, ya que eran las únicas que cumplían con las condiciones mínimas de habitabilidad.

Además, la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, Paloma Martín, ha criticado que el exministro José Luis Ábalos anunciase en 2018 que se iban a levantar 20.000 y en marzo de 2021 dijese que serían 100.000. "Esta semana hemos conocido como el Gobierno vuelve a anunciar 50.000 viviendas de la Sareb que no son tales", ha señalado. 

Se trata de "un segundo rescate, porque el Gobierno le quita a la banca de encima el problema de la gestión de los activos más tóxicos y con menos previsión de enajenación para traspasarlo a las comunidades autónomas haciendo pagar la factura a todos los ciudadanos", ha añadido.