Asistimos con frecuencia a un debate sobre el problema de la vivienda que gira exclusivamente en el precio, alquiler o compra, sin reflexionar sobre el fondo del problema: ¿cómo alojar a las personas que no alcanzan los precios existentes en el mercado?

Las personas tienen problema de vivienda desde el Imperio Romano. Las ciudades ponen de manifiesto una necesidad de alojamiento para un conjunto de personas cada vez más evidente, que no tienen ingresos suficientes para alquiler o comprar una vivienda.

El "manido" artículo 47 de la Constitución "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada"… habitualmente las referencias al mismo se detienen aquí, pero el texto constitucional continúa y dice: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias"… y continúa: "Y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación".

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Hasta ahora tanto los poderes públicos, como los diferentes agentes implicados y la legislación desarrollada, han tenido un comportamiento cuya base fundamental consiste en la fabricación y compra de las mismas, olvidando la necesidad de asegurar el alojamiento. No hay que olvidar que esto tiene que ver con un sector inmobiliario con peso exagerado en la economía española, en el apoyo de las haciendas locales y la contribución a la atomización de la propiedad inmobiliaria, como consecuencia de la reserva del ahorro de muchas familias.

No se entiende que en el desarrollo tecnológico que estamos, con la Inteligencia Artificial en nuestro ecosistema, no sepamos cuantas viviendas hay en un determinado territorio

Para tomar decisiones acertadas, es necesario tener información fiable. En lo que respecta a la vivienda la falta de datos adecuados es evidente. No se entiende que en el desarrollo tecnológico que estamos, con la Inteligencia Artificial en nuestro ecosistema, no sepamos cuantas viviendas hay en un determinado territorio, ni tan siquiera en el conjunto del Estado. Esto pone de manifiesto la poca atención que le prestamos al territorio y con la facilidad que lo utilizamos, sin saber obviamente si la decisión tomada responde a las necesidades de las personas.

A pesar de todo es posible diagnosticar que en las grandes ciudades hay un número importante de viviendas desocupadas, que en un simple paseo se puede observar en los desarrollos recientes, así como en los centros de estas. Las compras para inversión y los alquileres para el turismo, que todos los análisis apuntan que están desocupadas un 70% del tiempo, son una muestra elocuente.

Recientemente la consejera de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura de la Comunidad de Madrid, afirmaba que el precio de la vivienda se resuelve "incrementando la oferta y así contener los precios". Una vez más los poderes públicos insisten en un modelo que ha fracasado reiteradamente. Como se apuntó anteriormente, la última en el proceso de desarrollo de los conocidos PAU´s de Madrid, poniendo en valor suelo para más de 70.000 viviendas y una ocupación de suelo próximo a las 2.000 ha. Realizada al amparo de modificaciones puntuales al Plan General de 1985, consolidados por el Plan General de 1997, de la ciudad de Madrid. Se produjo el incremento más importante en el precio de la vivienda, en Madrid, en el momento de mayor reclasificación de suelo para vivienda en la historia de la ciudad, a finales del siglo pasado, con los conocidos PAU´s.

Iniciativas como las formuladas en el Ayuntamiento de Madrid a finales de la década de los 80 del pasado siglo, siendo alcalde D. Juan Barranco Gallardo, con una primera operación el "Plan 18.000", con la intención de sumar operaciones consecutivas hasta llegar a las 100.000 viviendas de titularidad pública, a través de diferentes mecanismos pero donde la administración nunca perdería la titularidad del suelo, y por tanto el efecto plusvalía generada sería enteramente del propietario del suelo, es decir del Ayuntamiento de Madrid, que por otra parte con un volumen tan significativo de viviendas tendría la capacidad de influir en el precio del alquiler de la ciudad, sin recurrir a una fórmula como la limitación del precio del alquiler, que se ha demostrado incapaz de producir ningún efecto positivo en la estructura de los alquileres. (Seguramente la moción de censura contra el Sr. Barranco tenía que ver con intereses económicos que no veían con agrado esta nueva formulación sobre el problema de la vivienda). Esta iniciativa la ha desarrollado, más recientemente, alguna otra administración, como Barcelona.

Por tanto si seguimos empeñados en que el "problema de la vivienda" es un problema de precios, estaremos insistiendo en el error que nos ha traído hasta aquí, seguiremos creyendo que se trata de un problema de escasez de suelo y de construcción cuando lo que tenemos que resolver no es un problema de cantidad de viviendas, sino de familias que no tienen posibilidad con sus ingresos de acceder a un alojamiento.

Para un problema complejo hay que destinar equipos multidisciplinares con un componente clave de análisis sobre los problemas sociales, y en eso hay que cambiar muchos servicios en la administración relativo al problema analizado de la vivienda. Las pocas viviendas que construye la iniciativa pública tienden, salvo rarísimas excepciones, a vincular en el mismo servicio, la construcción y la adjudicación. Parecería interesante que se deslindaran ambas actividades, dado que es difícil entender de "poner ladrillos" y seleccionar familias con problema de vivienda, respondan a gestiones similares.

La gravedad de muchas decisiones es que no tienen estrategia, evolucionan en función de la popularidad de los temas, de la agenda mediática. Es imprescindible que se decida con un objetivo claro, que permita visualizar la ruta a seguir.

Hace tiempo planteamos, en la estrategia de asegurar el alojamiento, que eran necesarias dos premisas: Garantizar que las Administraciones públicas no puedan enajenar su patrimonio de suelo y sacar la vivienda, para necesidad de alojamiento, del mercado, diferenciándola de aquellas destinadas a la inversión.

Se hace necesario un cambio contundente a la forma de encauzar un problema tan importante para las personas. Lo primero que tenemos que considerar es que: primero las personas, para lo que es imprescindible una normativa para todo el Estado, que resuelva el acceso, en sus diferentes modos, el derecho a la vivienda. Los problemas sociales es evidente que no los resuelve el mercado, por tanto no parece un acierto seguir empeñados en el que el problema de la vivienda lo resuelve el mercado. Se trata de deslindar el mercado de inversión de la vivienda, del proceso de resolución del problema social del alojamiento.