Las calles de Israel vuelven a respirar aliviadas. Tras varias semanas de presión popular, tensión en Parlamento y presiones internas en el propio seno del Gobierno, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha decidido frenar la reforma judicial que ya estaba en proceso de aprobación en al país. 

La decisión ha llegado tras un acuerdo del propio primer ministro con Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional. Ben Gvir habría cedido a retrasar la reforma judicial hasta el verano a cambio de la formación de una "Guardia Nacional" bajo el control de la cartera que lidera, una medida podría ser aprobada en la próxima reunión del gabinete de la coalición, ha informado el diario The Jerusalem Post.

Esta medida, que pretendía quitar independencia al poder judicial, había sido criticada al considerar que socavaba la autonomía a la Justicia en pro del Ejecutivo y ponía en peligro la democracia. Esta iniciativa se había propuesto en medio de un cisma de inestabilidad política, en un país que ha tenido que acudir a las urnas en cinco ocasiones en los últimos cuatro años por la imposibilidad de formar mayorías entre partidos.

A la falta de cohesión política se le suman varias investigaciones contra Netanyahu por fraude, soborno y corrupción. Las imputaciones provocaron que el primer ministro decidiese reformar la Justicia, al considerar que habían sido decisiones políticas que buscaba acabar con su mandato. 

Nombramientos de jueces, cláusula de anulación... ¿Por qué la reforma judicial de Netanyahu ha incendiado Israel?

La Knéset (Parlamento israelí) aprobó en la madrugada del pasado jueves una ley que blinda a Netanyahu de la posibilidad de ser recusado o declarado no apto para ejercer las funciones propias de su cargo, una preocupación que perseguía a Netanyahu en los últimos años, donde los escándalos políticos estrechaban cada vez más el cerco cada vez más en su figura. 

La legislación impide explícitamente que el Supremo ordene a un primer ministro que tome un "permiso de ausencia", una reacción ante los temores de que esa corte pueda obligar a dimitir a Netanyahu por conflicto de intereses, al ser el líder de una coalición de gobierno que promueve una drástica reforma judicial mientras se enfrenta a varios cargos de corrupción.

Israel vive sumido en una crisis constitucional sin precedentes, que ha devenido en una tensión social que muchos políticos israelíes han alertado que podría terminar en "una guerra civil" si no se frena a tiempo. Este fue uno de los motivos por los que el ya exministro de Defensa, Yoav Gallant, se convirtió el pasado sábado en el primer miembro del Gobierno en oponerse públicamente al avance de la polémica reforma judicial.

Esta decisión, que le costó el puesto, provocó también un aumento de la presión en las calles y una movilización todavía mayor. Medios israelíes calculan que más de 600.000 personas se congregaron este domingo en las calles de Israel para protestar ante la decisión y seguir presionando al Gobierno de Netanyahu. 

Las huelgas en Israel paralizan el aeropuerto de Ben Gurión: los aviones no despegarán como protesta ante la reforma judicial

Este lunes, el presidente de Israel, Isaac Herzog, se sumó a  Gallant e hizo un llamamiento a "actuar con responsabilidad y valentía" y detener "de inmediato" el proceso legislativo de la polémica reforma judicial. "Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad necesaria, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato", afirmó Herzog en un comunicado. 

Este lunes las protestas produjeron el cierre del aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv, la capital de Israel. Además, los principales sindicatos habían anunciado huelgas como forma de protesta contra la reforma judicial. Arrinconado por las calles y su propio Gobierno, Netanyahu ha decidido dar un paso atrás y frenar el proyecto legislativo. 

Algunos de los más acérrimos defensores de esta medida también rectificaron este lunes. Es el caso del propio ministro de Justicia, Yariv Levin, que había anunciado que no apoyaría bajo ninguna circunstancia frenar el proyecto, rebajaron este lunes sus declaraciones. Unas horas antes de que saliera públicamente Netanyahu, admitió que "como miembro del Likud (partido del primer ministro), cooperaría con cualquier decisión". 

Una polémica reforma hecha a medida

El Gobierno alega que el Tribunal Supremo históricamente se ha inmiscuido demasiado en asuntos políticos, por lo que es necesario poner un límite. Por otro lado, lo detractores de la reforma aducen que un poder judicial independiente es vital para la salud democrática, donde los poderes legislativo y ejecutivo suelen fundirse al ser siempre la coalición gobernante quien acapara la mayoría parlamentaria, con poder casi absoluto para imponer leyes.

La principal crítica a esta reforma tiene que ver con la elección de los jueces. El comité responsable de recomendar el nombramiento de jueces actualmente está compuesto por nueve miembros, entre jueces en ejercicio, representantes del Colegio de Abogados de Israel, miembros de la Knéset y del gobierno; de forma que se requiere un acuerdo entre todos para elegir a los jueces.

La reforma planteada por el ministro de Justicia busca ampliar a once los miembros del comité y cambiar la composición del comité: tres ministros y tres legisladores de la coalición, además de tres jueces independientes y dos legisladores de la oposición; lo que otorgaría al gobierno una mayoría de seis miembros sobre once.

El Parlamento de Israel aprueba la ley que blinda a Netanyahu de ser inhabilitado

Por otro lado, se pretende frenar que la Corte Suprema pueda revisar la legislación, incluidas la Ley Básica, cuerpo de leyes con rango constitucional. La reforma busca exigir que la invalidación de cualquier ley requiera el consenso del 80% del panel de jueces del Supremo, cuando ahora solo es necesaria una mayoría simple.

Uno de los aspectos que más polémica han desatado es la cláusula de anulación, ya que permitiría que una mayoría parlamentaria simple (61 diputados de 120) puedan anular fallos del Supremo cuando estos impliquen revertir o modificar leyes. La propuesta de ley también permite blindar leyes ante su revisión judicial.

Así mismo, la reforma pretender limitar el alcance del concepto de "razonabilidad" por el que los tribunales pueden someter por iniciativa propia a revisión judicial cualquier decisión gubernamental, incluyendo el nombramiento de cargos públicos, en base a si consideran las medidas razonables o irrazonables.

En base a este criterio, el Supremo consideró en enero "irrazonable" el nombramiento como ministro de Interior y Sanidad del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, meses después de que este fuera condenado por fraude fiscal y eludiera la cárcel a cambio de un acuerdo de culpabilidad en el que se comprometía a dejar la política.