El de la politización de la Justicia es un asunto clave en todos los estados democráticos. Montesquieu podría tener un descanso más plácido -allá en su sepultura de la Iglesia de Saint-Sulpice, en París- si la separación de poderes que abanderó no fuera cuestionada en más de una democracia. Israel es el último ejemplo.
Benjamín Netanyahu lleva semanas empeñado en reformar la Justicia de su país. A ojos de la oposición política a su Gobierno y de amplios sectores de la sociedad israelí, el primer ministro no intenta dotar al país de una Justicia "más justa" sino que busca aumentar el control del Ejecutivo sobre la labor de los jueces y un ataque al sistema.
El líder israelí propone la intervención de la Justicia por parte de Gobierno, teniendo más poder para elegir los jueces, pero también para obviar decisiones de los tribunales en cuanto a leyes que el Ejecutivo quiera aprobar sí o sí. Cómo serán los cambios que pretende Netanyahu que hasta el presidente de Israel, Isaac Herzog, ha mostrado activamente su oposición.
Para entender la polémica, entendamos en qué consiste la reforma.
Elegir a los jueces
Los cambios que pretende Netanyahu toman forma en un paquete de proyectos de ley. El más importante es aquel que varía la composición del comité de nueve miembros que selecciona a los jueces. Se trata, claro, de dar al Gobierno la mayoría de los escaños en el comité.
El primer ministro sostiene que el Tribunal Supremo se ha extralimitado en sus funciones, entrometiéndose en asuntos sobre los que no debería pronunciarse. Además, acusa a sus miembros de haberse convertido en un grupo elitista que no representa al pueblo israelí.
Para justificar el cambio en la composición del comité que selecciona a los jueces toma el modelo de Estados Unidos como argumento. Dice Netanyahu que en ese caso los políticos controlan qué jueces federales se nombran y aprueban.
Obviar decisiones judiciales
El político israelí impulsa al tiempo la que han dado en llamar cláusula de anulación, que básicamente supone anular decisiones del Tribunal Supremo. La cláusula otorgaría al Parlamento israelí el poder de aprobar leyes pese a que previamente hayan sido declaradas inválidas por el Supremo.
"Vamos a las urnas, votamos y, una y otra vez, personas a las que no hemos elegido deciden por nosotros", declaró el ministro de Justicia, Yariv Levin, cuando presentó la reforma a principios de enero para justificar esta medida.
Escudo para el primer ministro
Netanyahu y la mayoría de sus ministros defienden que el Tribunal Supremo no debe interferir en la voluntad del pueblo. Y en esa línea se ha aprobado otro proyecto de ley que funcionaría como escudo protector del primer ministro, incluso ante un caso claro de corrupción.
Vamos a las urnas, votamos y, una y otra vez, personas a las que no hemos elegido deciden por nosotros"
Haría más difícil que el jefe del Ejecutivo sea declarado incapaz para el cargo, restringiendo los motivos a la incapacidad física o mental. La nueva norma incluye que esa declaración tenga el voto favorable del propio primer ministro o de dos tercios del gabinete.
La Kneset, el Parlamento israelí, aprobó esta ley el pasado jueves, con una mayoría de 61 a 47 (de 120 escaños). Lo hizo unos días después de que Netanyahu anunciara que iba a suavizar e, incluso, retrasar la reforma judicial.
Los tres juicios por corrupción de Netanyahu
Israel es un Estado que carece de constitución y se rige por un conjunto de "leyes básicas" cuasi constitucionales. Con la votación del jueves, el parlamento modificó este pilar del sistema democrático israelí. Hasta ahora no había detalles sobre las circunstancias que podían dar lugar a las situaciones en las que un primer ministro ya no sea apto para gobernar
El pasado viernes, la fiscal general de Israel, Gali Baharav-Miara, envió una carta al primer ministro para señalar lo evidente: la reforma de la Justicia supone un claro conflicto de intereses. El líder conservador tiene tres juicios por corrupción, de modo que los cambios parecen hechos a su medida.
Netanyahu está acusado de recibir sobornos, fraude y violación de la confianza en tres casos separados. Él rechaza las acusaciones y habla de una "caza de brujas" y "golpe de Estado judicial".
Conflicto de intereses
En su carta, Baharav-Miara recuerda al primer ministro que su implicación directa en el plan de reforma judicial es "ilegal" porque supone un "conflicto de intereses" y viola el acuerdo que firmó para poder gobernar con un juicio en curso por corrupción.
Puesto que Netanyahu ha anunciado que va a involucrarse directamente en cada paso de la tramitación de la nueva legislación, la fiscal general le acusa de violar la sentencia de la Corte Suprema, según la cual, como primer ministro acusado de delitos, "debe abstenerse de realizar acciones que den lugar a un temor razonable de la existencia de un conflicto de intereses entre su personal interés relacionados con el proceso penal y su papel como primer ministro".
Debe abstenerse de realizar acciones que den lugar a un conflicto entre su personal interés relacionado con el proceso penal y su papel como primer ministro"
El acuerdo, firmado en 2020, prohibía a Netanyahu hacer nombramientos judiciales de alto nivel o involucrarse en asuntos legislativos que pudieran afectar su juicio en curso por cargos de corrupción.
Un país dividido
Cómo será el calado de la reforma impulsada por Netayahu que la oposición no llega únicamente de los partidos políticos que no participan del Gobierno. Hasta el presidente de Israel se ha significado contra todo el paquete de proyectos de ley.
Este lunes, Isaac Herzog, ha hecho un llamamiento urgente a Netanyahu a detener de inmediato el proceso legislativo de la polémica reforma judicial que divide al país. "Por el bien de la unidad del pueblo de Israel, por el bien de la responsabilidad necesaria, les pido que detengan el proceso legislativo de inmediato", ha afirmado Herzog en un comunicado en medio de las mayores protestas de su historia y al borde de la huelga general.
Hace dos semanas, Herzog anunció una propuesta de reforma judicial alternativa a la impulsada por Netanyahu, pero como era de esperar no contó con el beneplácito del gobierno.
Además del presidente Herzog, otros tres ministros del Likud, el partido liderado por Netanyahu, se han mostrado partidarios de detener la reforma judicial, tras el cese este domingo del ministro de Defensa, Yoav Gallant, la primera voz crítica dentro del Gobierno que pidió públicamente pausar la tramitación de la reforma judicial para dar margen al diálogo.
El propio Netanyahu ha anunciado una comparecencia para este mismo lunes y ya se especula en que va a ceder a la presión política y social y frenará la reforma.
Huelga general
Los cambios en la Justicia han desatado la furia, sacando a la calle a cientos de miles de israelíes. Solo este domingo, más de 600.000 personas salieron espontáneamente a las calles de las principales ciudades israelíes en protesta por la decisión de Netanyahu de destituir a Gallant. Pero el descontento también ha llegado a la comunidad empresarial, al mundo académico e incluso al Ejército.
Este lunes, la Unión General de Trabajadores de Israel, el mayor sindicato del país, ha anunciado la convocatoria de una huelga general. El paro se extenderá a incontables sectores de la economía y a los principales hospitales del país si el gobierno no paraliza la reforma judicial.
Finalmente, tras varias semanas de presión popular, tensión en Parlamento y presiones internas en el propio seno del Gobierno, Netanyahu ha decidido retrasar la reforma judicial hasta el verano. Está por ver si será suficiente para cerrar la herida.
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