Este martes ha empezado el segundo juicio contra la Mesa del Parlament de 2017, presidida por Carme Forcadell, después de que el Tribunal Supremo ordenara repetirlo por falta de imparcialidad del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y del magistrado Carlos Ramos, poniente de la sentencia.
El tribunal catalán había condenado a Lluís Corominas, Anna Simó, Ramona Barrufet y Lluís Guinó por desobediencia tras haber tramitado iniciativas parlamentarias relacionadas con el 'procés', que concluyó con el referéndum del 1 de Octubre. Se les sentenció a un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros cada uno. La militante de la CUP, Mireia Boya, fue absuelta.
Imparcialidad en la sala
La secretaria de la Mesa, Anna Simó (ERC), presentó un recurso, al que después se añadieron los demás acusados, en el que remarcaba que Barrientos y Ramos formaron parte de la sala que admitió a trámite las querellas que dieron lugar a la causa, y también de las que desestimó los recursos de súplica interpuesto contra esas decisiones. En las resoluciones, y particularmente una de las de 2017, los dos magistrados habrían adoptado de forma explícita, según Simó, una decisión clara sobre algunas de las cuestiones de la causa.
El Supremo anuló la sentencia porque consideró que vulneraba el derecho de los acusados a un tribunal imparcial, ya que se consideró que los dos magistrados habían exteriorizado en resoluciones previas una posición explícita sobre cuestiones que fueron objeto esencial del juicio.
El mismo Supremo remarca “la acreditada trayectoria profesional de los magistrados que fueron recusados”, y cree que su posición inicial podría haberse modificado ante la existencia de nuevos argumentos o circunstancias, pero añade que "esta no es la cuestión".
El alto tribunal argumenta que el derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial no se resuelve con un tribunal competente y con capacidad de cambiar sus posiciones iniciales. El derecho fundamental, continúa, exige que los integrantes de dicho tribunal "comparezcan en el acto ajenos a cualquier posición previa sobre las cuestiones esenciales que allí tienen que tratarse sin ningún tipo de prejuicio valorativo”. "La partida tiene que empezar de cero" añaden los jueces.
Forcadell lo califica de "maltrato"
La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, considera que la repetición del juicio a la Mesa del 2017, presidida por ella misma, es "maltrato". "Es un caso de maltrato hacer que vuelvan a pasar por lo que pasaron; siempre es un trance pasar por un tribunal, siempre es difícil y cuesta mucho", ha criticado Forcadell a las puertas del TSJC, donde ha añadido que esto implica que "la represión se continúa ensañando con el independentismo".
Forcadell, que ya fue juzgada por estos hechos por el Tribunal Supremo, ha remarcado que en la cámara legislativa "se tiene que poder hablar de todo" con los únicos límites en el respeto a los derechos humanos. "Si no es así, en el Parlamento entra la censura y no es democrático, y esto no lo podemos permitir", ha dicho.
La expresidenta del Parlament ha remarcado que el único delito que cometió la Mesa fue "defender la libertad de expresión y el derecho de iniciativa de los diputados".
El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha denunciado que el nuevo juicio contra la Mesa del Parlamento del 2017 es "una vergüenza porque atenta directamente contra los pilares básicos del parlamentarismo, es decir, los pilares básicos de la democracia".
Desde las puertas del TSJC, Turull ha explicado que su partido apoya a las personas nuevamente enjuiciadas y ha instado a "recuperar el espíritu de ilusión, de unidad y determinación que hizo posible hacer lo que hicimos al servicio de los ciudadanos".
Turull ha defendido que en el Parlamento "se tiene que poder hablar de todo" y ha lamentado que esta situación "no pasa en ninguna parte de las democracias consolidadas". "No puede haber ni un paso atrás. Estamos aquí para denunciarlo y no nos cansaremos", ha concluido.
Penas
La fiscalía pedía las mismas penas que impuso el TSJC, también para Mireia Boya. La Abogacía del Estado solicitaba lo mismo excepto para Boya, a quien rebajaba la inhabilitación a 16 meses.
La acusación popular de Vox pedía inicialmente 12 años de cárcel por grupo criminal, 20 años de inhabilitación por desobediencia y 3,2 millones de euros de multa a cada uno de los acusados, petición que después rebajó a desobediencia.
Joan Josep Nuet, secretario tercero de la Mesa, fue juzgado y condenado a ocho meses de inhabilitación por el Tribunal Supremo al ser aforado como diputado en el Congreso de los Diputados.
Comentarios
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que 20minutos.es restringirá la posibilidad de dejar comentarios