La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha comparecido este lunes a las 10 horas ante una jueza en la Ciutat de la Justícia por su imputación por un presunto delito de coacciones y prevaricación relacionado con el conocido como ‘Bloc Llavors’ del Poblesec, uno de los primeros símbolos mediáticos de la lucha por el derecho a una vivienda digna.
La primera edil declaró ante la magistrada Carmen García durante menos de 15 minutos y negó haber cometido dichos delitos, es decir, haber presionado al fondo inversor propietario de la finca desde 2019, Vauras Investment S.L., que fue quien se querello contra ella en 2020. Y también se ratificó en que no estuvo implicada en la propuesta de sanciones al fondo buitre por no haber facilitado la opción de un alquiler social a las familias vulnerables que habitaban el inmueble y que iban a ser expulsadas tras la adquisición del mismo.
Colau, que está representada por los abogados Olga Tubau y Alex Solà, ha comparecido este lunes a primera hora de la mañana ante la Ciutat de la Justícia acompañada de Laura Pérez, teniente de alcalde de Drets Socials y Marc Serra, concejal de Habitatge. Unas 30 personas esperaban a la primera edil frente a las puertas del juzgado para arroparla al grito de “alcaldesa, alcaldesa”.
A mí lo que me preocupa no es que este ni otros fondos buitre me puedan llevar al juzgado a declarar. Lo que sí que me preocupa es que puedan continuar especulando con total impunidad y sigan subiendo los alquileres de forma descontrolada"
La jefa del actual gobierno municipal no ha respondido a las preguntas formuladas por la defensa de Vauras y ha insistido en que ella no participó directamente en las propuestas de multas, sino que delegó todas las operaciones tanto de vivienda como de derechos sociales a los regidores y trabajadores municipales responsables de dichas áreas, porque ella no participa ni en los expedientes de licencia de obras no en los sancionadores. Y que fueron los propios servicios jurídicos del Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació los que decidieron los procedimientos a llevar a cabo.
Estos se concretaron en el año 2019 en seis sanciones por un importe de 417.000 euros por no dar una alternativa habitacional asequible a seis familias. Previamente, en octubre de 2019, hubo una primera reunión entre empresa y Consistorio para tantear una compra pública del inmueble por unos 4 millones de euros y la agilización de entre cinco y seis licencias de obras.
En febrero de 2020, en un segundo encuentro, y una vez aprobada la ley de vivienda que obligaba a los grandes tenedores de pisos a destinar una parte a viviendas del alquiler social, el gobierno de Colau pidió a Vauras cumplir esta normativa.
Al negarse, se derivó al Institut Municipal de l’Habitatge para plantear expedientes sancionadores. La alcaldesa ha negado ante la juez que participara en ninguna de estas mediaciones y también que ordenara a los Mossos el desalojo de las viviendas ocupadas por personas vulnerables.
El consistorio barcelonés impuso a Vauras seis sanciones por un total de más de 400.000 euros por no ofrecer vivienda social a familias en riesgo de exclusión
Declaración previa de dos concejales
El pasado viernes, los concejales de Habitatge, Marc Serra, y la del distrito de Sants-Montjuïc, Lucía Martín, comparecieron precisamente en los juzgados por la misma causa y también negaron las presuntas presiones al fondo inversor. Están investigados, al igual que Colau y que una funcionaria por el ‘caso Vauras’ y mantuvieron que en todo momento que las sanciones a los dueños del ‘Bloc Llavors’ fueron legales y que se cumplió escrupulosamente la ley de vivienda que obliga a los grandes propietarios a ofrecer pisos sociales a familias sin recursos para pagar el alquiler.
Un caso que se remonta a 2019
La querella interpuesta por Vauras en 2020 en sede judicial la inadmitió a trámite inicialmente la magistrada del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona al no ver indicios de hechos delictivos ni tampoco documentación que apuntase a estos supuestos delitos. La jueza argumentó que Vauras “atribuía delitos sin rigor ni precisión”.
En noviembre de aquel año, el fondo inversor recurrió la inadmisión porque veía necesario practicar diligencias de investigación. En abril pasado, la Audiencia de Barcelona abrió la investigación que ha desembocado en la declaración de ayer de Colau y, el pasado viernes, de dos miembros de su equipo de gobierno municipal.
Ataques al Gobierno por la ley de vivienda
Tras su paso por los juzgados, Colau ha comparecido ante los medios en el Ayuntamiento de Barcelona y ha afirmado que ha acudido a declarar “tranquila” porque “no hay caso”, y que por eso confía en que la querella acabará archivándose, como las 11 precedentes. De todos modos, ha asegurado que le preocupa que los fondos buitre puedan seguir especulando “con total impunidad” en la ciudad “y sigan subiendo los alquileres de forma descontrolada”.
Dirigiéndose directamente a Vauras, ha declarado: “Más que nunca estamos convencidos como Ayuntamiento de que hemos de obligar a todos a cumplir la ley, pero especialmente a los que tienen más poder y recursos para hacerlo”.
También ha juzgado como “incomprensible” que la ley estatal de vivienda se encuentre actualmente “paralizada” en el Congreso de los Diputados y ha achacado al Gobierno de Pedro Sánchez y a su vicepresidenta primera, Nadia Calviño, el poner piedras en el camino de su aprobación. “Actúa de portavoz de los ‘lobbies’ inmobiliarios y quiere diluir la ley”, ha dicho.
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