El Estatuto del Becario, la norma llamada a regular por primera vez en España el trabajo de los estudiantes en prácticas, sigue atascado sin que Gobierno y agentes sociales sean capaces de ponerse de acuerdo sobre qué hacer con las prácticas extracurriculares. Este punto es, desde hace meses el principal escollo que impide el avance de esta norma que lleva casi un año en negociaciones sin un texto cerrado todavía.

Los sindicatos UGT y CC OO se han reunido este lunes con representantes del Ministerio de Trabajo y de la patronal CEOE para tratar de cerrar un texto. Un encuentro en el que las centrales sindicales han podido constatar avances en la cuestión de las prácticas, pero que no han sido suficientes para el acuerdo. Tras tres horas de conversaciones, las partes se han emplazado a un nuevo encuentro la semana que viene.

Desde CC OO han insistido en que no firmarán ningún acuerdo si este no garantiza que se evitará el fraude en las prácticas y que ningún becario trabaje de manera gratuita y sin cotizar a la Seguridad Social. Por su parte, desde UGT han hecho hincapié en la necesidad de delimitar lo que son las prácticas formativas y los contratos de trabajo. "Si seguimos transitando por la vía de la delimitación y de evitar el fraude va a ser posible llegar a un acuerdo de todas las partes", ha expresado Fernando Luján, del equipo negociador del sindicato.

La última propuesta que ha dirigido Trabajo a los sindicatos plantea mantener las prácticas extracurriculares, pese a que los sindicatos y el departamento que dirige Yolanda Díaz habían acordado en octubre eliminarlas progresivamente. Algo que no gusta a la patronal. El debate gira ahora más en torno a cómo se regularán que a su eliminación. Los sindicatos se han abierto a la posibilidad de mantenerlas siempre y cuando la regulación sea estricta y precise tanto el número de prácticas que se pueden realizar como su relación con los estudios que se han cursado.

Cuatro borradores y diez meses de negociación

La creación del Estatuto del Becario está prevista en la reforma laboral aprobada por el Gobierno en diciembre de 2021 y refrendada por el Congreso en febrero de 2022. Las negociaciones para pactar esta regulación comenzaron en abril del año pasado, mes en el que Trabajo presentó un primer borrador a patronal y sindicatos. El texto regulaba cuestiones como el derecho a vacaciones de los becarios, los salarios mínimos que podían percibir, el límite de becarios por plantilla, se prohibía el trabajo a turnos y por la noche y se recogía la obligación de que la empresa costee las dietas en algunos casos.

Ante la falta de acuerdo, el ministerio que dirige Yolanda Díaz planteó un segundo documento a los agentes sociales en octubre del año pasado con las mismas líneas fundamentales pero con una novedad importante. Se incluía la prohibición de realizar prácticas extracurriculares -aquellas que los estudiantes realizan más allá de lo que obliga su formación- bajo la premisa de que incentivan la existencia de falsos becarios. Los sindicatos, satisfechos con el veto a estas prácticas, firmaron entonces un preacuerdo con el Ejecutivo, pero la CEOE y la asociación de estudiantes Creup se descolgaron del acuerdo.

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Sin embargo, tras este preacuerdo, Trabajo planteó un nuevo borrador en enero en el que introducía una moratoria a la prohibición de las prácticas extracurriculares hasta un máximo de tres años y fijaba un tope de 900 horas (36 créditos). Un movimiento que no gustó a los sindicatos, que demandaron acabar con ellas.