El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presumido este martes de haber "quitado la bandera medioambiental" a la izquierda tras haberse cumplido en la capital por primer vez los requisitos de calidad del aire marcados desde la Unión Europea. 

"Hemos demostrado que la bandera medioambiental no es suya. No es exclusiva de la izquierda, sino que es de aquellos que somos capaces de poner en marcha medidas eficaces y adecuadas que lo compatibilizan con el desarrollo económico de una ciudad", ha asegurado Almeida en la presentación del candidato del PP a la Alcaldía de Logroño en 2023, Conrado Escobar.

Una mejora del 22,7%

El lunes, el alcalde de Madrid explicó que las 24 estaciones de medición de la ciudad han mejorado sus datos respecto a 2018. Es la primera vez que la ciudad cumple con los requisitos del aire que estableció la UE en 2008 y que entraron en vigor a partir de 2010. Los niveles de dióxido de nitrógeno han mejorado un 22,7% de media desde el último año al que alude el fallo europeo, correspondiente al final del mandato de Manuela Carmena. 

Almeida ha criticado la acción del Gobierno de Manuela Carmena por "adoptar medidas medioambientales completamente inútiles" para cumplir los objetivos, subidas "sin necesidad" de impuestos y proyectando "urbanismo táctico" como el "futuro de Madrid". 

Ha situado a la coalición PP-Ciudadanos como la responsable de haber encontrado la fórmula para hacer este hito posible, a través de Madrid 360. Para ello, según ha explicado el edil, han aplicado iniciativas efectivas "sin destrozar la economía y los comercios", que no tienen que ser los "sufridores" de "exigencias medioambientales que son lógicas y razonables".

El TJUE condenó a Madrid

El pasado 22 de diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó  España por no cumplir las normas de la UE sobre calidad del aire. Consideraban que, entre 2010 y 2018, se superaron "sistemáticamente" las tasas de dióxido de nitrógeno en varias ciudades, entre ellas Madrid. 

El fallo daba así la razón a la Comisión Europea que denunció el caso ante la corte europea en 2019 tras constatar los "incumplimientos reiterados" de los límites legales de dióxido de nitrógeno, emisiones que tienen su origen fundamentalmente en el tráfico rodado y en la combustión de energías fósiles y provocan problemas respiratorios y cardíacos.