El destituido presidente peruano Pedro Castillo se ha negado a someterse a los exámenes médicos solicitados por la Fiscalía, mientras permanece detenido en una cárcel de Lima acusado de rebelión por haber ordenado el cierre del Congreso y la instalación de un gobierno de emergencia, informó este domingo una fuente oficial.

El presidente del Instituto de Medicina Legal, Francisco Brizuela, declaró a RPP Noticias, que Castillo "se ha negado a pasar la pericia psicológica y psiquiátrica" y negó las versiones difundidas por simpatizantes del exmandatario de que los médicos han acudido "camuflados" para sorprenderlo.

Brizuela explicó que los médicos que han acudido a la cárcel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía para examinar a Castillo han ido plenamente identificados y acompañados por un representante del Ministerio Público.

Añadió que el primer día de detención de Castillo, el pasado miércoles, "se le hizo un examen de integridad física", y "se negó a ser examinado por tres médicos", pero con la medida de la presión y otras pruebas "se comprobó que gozaba de buena salud".

La autoridad confirmó que Castillo "no autorizaba que se le tome una muestra de sangre y orina", con la que se podía buscar sustancias sicotrópicas con el fin de identificar los diferentes tipos de sustancias que pueda haber ingerido en las horas previas a su detención.

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Las evaluaciones ordenadas por la Fiscalía responden a las versiones de los colaboradores, abogados y allegados a Castillo que han afirmado en las últimas horas que el exmandatario pudo haber ingerido alguna sustancia o que no se encontraba bien de salud, al leer el mensaje en el que ordenó el cierre del Congreso, la reorganización del sistema judicial y la instalación de un ejecutivo de emergencia que iba a gobernar por decreto.

El legislador Guillermo Bermejo visitó a Castillo en su centro de detención y publicó una supuesta carta firmada por el exgobernante en el que se afirmaba que un grupo de médicos "camuflados" le obligaron a sacarse una muestra sin su consentimiento, pero que se negó, y atribuyó el "plan maquiavélico" a la fiscal general, al titular del Congreso y a la actual presidenta, Dina Boluarte.

Castillo está detenido preventivamente hasta el miércoles, en tanto el Ministerio Público ha interrogado a los integrantes de su último gabinete de ministros, quienes han negado que conocían la decisión de cerrar el Congreso y que quienes estuvieron al lado del exgobernante fueron la ex primera ministra Betssy Chávez y su asesor y predecesor, Aníbal Torres, que el sábado anunció que pasaba a la clandestinidad.