El presidente de Perú, Pedro Castillo, fue detenido este miércoles y trasladado a la sede de la prefectura de la Policía de Lima, poco después de ser destituido por el Congreso y de ser mayoritariamente acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado. 

"Dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5 de D.L (decreto legislativo) n.° 1267 Ley la Policía Nacional del Perú (PNP), efectivos PNP intervienen al expresidente Pedro Castillo", publicó la Policía Nacional peruana en Twitter, en un mensaje acompañado de una foto de Castillo bajo arresto, que fue borrado posteriormente de la red social.

Durante cerca de media hora se desconoció el paradero de Castillo, quien a primera hora de la mañana de este mismo miércoles, poco antes de enfrentarse a su tercera moción de censura, había desatado una crisis en el país andino al decretar la disolución del Congreso para instaurar un Gobierno de emergencia nacional, convocar nuevas elecciones parlamentarias, e imponer un toque de queda, medidas que fueron tachadas de golpe de Estado por la oposición y por varios miembros de su gobierno. La prensa informó después de que Castillo intentó refugiarse en la embajada de México en Lima, pero fue detenido por su propia escolta.

El Congreso, pese al intento de cierre acometido por Castillo, siguió con la sesión y destituyó al mandatario por "permanente incapacidad moral", con 101 votos a favor de un total de 130 parlamentarios.

La Fiscalía inició una investigación en Palacio de Gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros y varios ministerios. Mientras tanto, el destituido presidente era conducido al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que el también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori, quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.

Primera mujer presidenta

Castillo ha sido sustituido por la vicepresidenta, la abogada izquierdista Dina Boluarte, que se desmarcó de forma rotunda del paso dado por el mandatario. Boluarte se convierte así en la primera mujer en ocupar la presidencia en la historia de Perú.

Boluarte juró su cargo "por Dios, la patria y la Constitución", y dijo que asume "de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026", cuando debe cumplir el actual periodo de Gobierno. Añadió que entre sus compromisos estará "defender" la soberanía nacional y que "cumplirá y hará cumplir" la Constitución y las leyes de su país.

"Antes que política, soy una ciudadana y madre peruana, que tiene pleno conocimiento de la alta responsabilidad que la historia pone en mis hombros", sostuvo la nueva presidenta, antes de afirmar que "se ha producido un intento de golpe de Estado promovido" por Castillo. 

Boluarte llamó asimismo a poner en marcha "un amplio proceso de diálogo entre todas las fuerzas políticas" nacionales y solicitó "una tregua política" para poder combatir a la corrupción.

El anuncio que desencadenó la crisis

"Se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un Gobierno de emergencia excepcional", había afirmado Castillo este miércoles por la mañana en un mensaje televisado a la nación que no fue previamente anunciado por su equipo de comunicaciones o en sus redes sociales.

Con un temblor evidente en sus manos, Castillo añadió que iba a "convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses".

También decretó un toque de queda a nivel nacional  y dijo que "se declara en reorganización del sistema de judicial, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y el Tribunal Constitucional (TC)". Castillo ordenó además que todos aquellos ciudadanos con "armamento ilegal" debían entregarlo a la Policía Nacional en un plazo máximo de 72 horas. 

"A horas de debatirse una nueva moción de vacancia en mi contra me presento para ratificar una vez más que no soy corrupto ni mancharía jamás el buen apellido de mis honestos padres", sostuvo el mandatario en el mensaje televisado. 

Castillo dijo que lo que pretenden quienes impulsan este juicio político en su contra es "dinamitar la democracia y desconocer el derecho de elegir" de lo peruanos, además que querer "sacar provecho y tomar el poder que en las urnas el pueblo les quitó". 

Tras el anuncio, Castillo abandonó el palacio con rumbo desconocido, mientras el Congreso votaba la moción de censura.  Por lo pronto, sobre la posibilidad de que pueda pedir asilo en México, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que está dispuesto a concedérselo, según el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Tercera moción de destitución en 17 meses

La moción de destitución, impulsada por el congresista independiente Edward Málaga, es la tercera presentada cuando apenas han transcurrido 17 meses de gobierno, un mandato caracterizado por un duro enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y por constantes denuncias de corrupción del entorno de Castillo. Además, son innumerables los cambios de ministros experimentados en el gabinete.

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El gobernante aseguró en televisión que "a lo largo de los 17 meses de gestión" que lleva "cierto sector del parlamento tuvo como único punto de la agenda" destituirlo del cargo, "porque nunca aceptaron los resultados de una elección" que el año pasado le permitió derrotar en segunda vuelta a la líder derechista Keiko Fujimori.

Castillo ya sorteó un primer pedido de destitución por "incapacidad moral" en diciembre de 2021, cuando la moción no fue admitida a trámite, y un segundo proceso en marzo, que recibió solo 55 votos a favor.  

"Dictatorial"

Tras el anuncio de Castillo se multiplicaron las acusaciones de "golpe de Estado", un término que emplearon abiertamente tanto de su canciller de Exteriores, César Landa, como de la todavía vicepresidenta, Dina Boluart.

Mientras, los congresistas calificaron de "dictatorial" el cierre temporal del Congreso previo al tercer debate de destitución, y los ministros del Ejecutivo empezaron a renunciar a sus cargos en cadena.

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Otros altos cargos también informaron que dejaban sus puestos. Es el caso del representante de Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Harold Forsyth, quien renunció este miércoles ante la decisión de Castillo de disolver el Congreso y convocar un Gobierno de emergencia nacional. "No puedo por razones morales y profesionales tener ninguna vinculación con un régimen que funciona en base a decretos", dijo Forsyth en Washington.

El embajador peruano ante la ONU, Manuel Rodríguez Cuadros, presentó también su "renuncia irrevocable" ante "el golpe de Estado".

Incluso el abogado peruano Benji Espinoza, el principal defensor legal del presidente Pedro Castillo, anunció este miércoles que renuncia a defender al mandatario a partir de este momento al considerar que se ha "producido una ruptura del orden constitucional" en el país andino.

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La orden de Castillo también tuvo la oposición de los cuerpos de seguridad. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas (CCFFAA) y la Policía Nacional de Perú dijeron que no acatarán ningún acto contrario al orden constitucional, por ser "una infracción a la Constitución y genera el no acatamiento por parte de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú", señaló el CCFFAA.

Pronunciamientos similares fueron hechos por el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial. Francisco Morales, presidente del Constitucional, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas del país para "restablecer el orden constitucional". 

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial peruano, Elvia Barrios, hizo un llamamiento a la ciudadanía a "mantenerse vigilante en defensa del estado democrático y de derecho".