Solo nueve grupos bancarios de los 39 que supervisa el Banco de España tendrán que pagar el impuesto especial a las entidades de crédito impulsado por el Gobierno y al que el Congreso de los Diputados dio luz verde hace dos semanas. Así lo ha podido constatar 20minutos después de consultar las cuentas de pérdidas y ganancias de los grupos bancarios que operan en el país. Estas nueve entidades -Caixabank, Santander, BBVA, Sabadell, Ibercaja, Bankinter, Unicaja, Kutxabank y Cajamar- concentran el 93% de los 4,1 billones en activos en poder de los grupos bancarios españoles hasta junio de 2022. 

El impuesto, que el Gobierno ha tramitado como proposición de ley para acelerar su tramitación y que esté listo ya en 2023, gravará con un 4,8% los ingresos que los bancos hayan obtenido de los intereses y las comisiones que hayan cobrado a los clientes. Eso sí, solo tendrán que pagarlo las entidades que operan en España cuyos ingresos por estos dos conceptos obtenidos en el país superaran los 800 millones de euros en 2019. 

Este umbral de facturación deja fuera a entidades con importantes volúmenes de facturación en España, como son Abanca, Wizink, Deutsche Bank, la Banca March o Caja Laboral. Tampoco tendrán que pagarlo las cajas rurales. Conviene recordar que casi la mitad de los grupos bancarios supervisados en España ingresaron menos de 100 millones por intereses y comisiones netas en 2019.

De hecho, la elección de ese umbral y el año provoca situaciones paradójicas como el caso de Abanca. La firma gallega obtuvo 780 millones en ingresos de comisiones e intereses en 2019, pero en 2021 su facturación por estos conceptos ascendió a 932 millones de euros, según se detalla en sus cuentas de ese ejercicio. Una cifra superior, por ejemplo, a la del grupo Cajamar y equivalente a la de Ibercaja, que sí tendrán que abonar el impuesto dado que facturaron más de 800 millones en 2019.

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En el texto, que ahora se está tramitando en el Senado, tampoco termina de quedar claro si los bancos con sede en el extranjero que operan en España tendrán que abonar el tributo. En un primer momento, sí parecía que sería así. Cuando la proposición de ley estaba en fase de enmiendas en el Congreso, PSOE y Unidas Podemos introdujeron una modificación que establecía específicamente que "deberán satisfacer el gravamen todas las entidades sujetas a supervisión directa por el BCE, incluidas las sucursales establecidas en España de entidades de crédito extranjeras, con independencia de la suma de sus ingresos por intereses y comisiones". Es decir, que las entidades foráneas tendrían que pagarlo, sea cual fuere su facturación.

Sin embargo, en el documento enviado al Senado no aparece esa frase. Los requisitos incluyen solo a "las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito que operen en territorio español cuya suma de ingresos por intereses y comisiones (...) correspondiente al año 2019 sea igual o superior a 800 millones de euros". 

Con esta definición, el único grupo bancario con sede extranjera que cumpliría las condiciones sería, en principio, BNP Paribas. La facturación del grupo (incluidas sus cinco divisiones en España y la financiera Cetelem) por comisiones e intereses en 2019 ascendía a 978 millones. Así aparece en el informe anual de la Asociación Española de Banca (AEB). 

Sin embargo, entidades como ING, que facturó 724 millones en 2019 por intereses y comisiones (sin tener en cuenta los gastos en estos conceptos), quedarían fuera. Igual que ocurriría con la financiera de Wolkswagen (557 millones de ingresos por estos conceptos) o Cofidis (248 millones). El BCE ya advirtió en su dictamen no vinculante sobre el impuesto que no aplicarlo a entidades extranjeras "podría falsear la competencia y perjudicar la igualdad de condiciones".

El Ejecutivo espera recaudar 1.500 millones anuales en 2023 y 2024 gracias a este tributo. Una cifra que, a grandes rasgos, coincide con el resultado de aplicar el 4,8% a la facturación por intereses y comisiones de los nueve bancos que tendrán que pagar el impuesto. Entre ellos ingresaron, una vez descontados gastos, 30.572 millones en 2021. Una cifra que podría ser mayor tras la fuerte subida de tipos de interés acometida por el BCE en lo que llevamos de año. 

Las entidades lo recurrirán

Los bancos han rechazado unánimemente este impuesto, que el Gobierno ha diseñado a espaldas de las entidades, desde el minuto uno. Consideran que es contrario a la Constitución y al Derecho europeo y creen que perjudicará a la estabilidad financiera. Además, sostienen que no logrará combatir la inflación y entorpecerá la recuperación económica.  

De hecho, ya hay entidades financieras que han comunicado que llevarán a los tribunales el tributo. Es el caso de Bankinter, que anunció hace unas semanas que recurrirán el impuesto "al día siguiente de pagarlo", o Ibercaja, que ve "muy probable" judicializarlo. Otras entidades como BBVA, Caixabank o Santander -los tres principales bancos del país- están analizando si hacerlo.

El BCE o la Comisión Europea también han expresado sus dudas sobre el tributo. En concreto, el Banco Central Europeo, cree que "podría afectar negativamente al crecimiento económico real". Además, señalan que entidades con pérdidas podrían verse obligadas a pagarlo, algo que "distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario". 

De igual manera, la normativa del BCE contradice la prohibición que ha introducido el Gobierno de repercutir el impuesto a los clientes. En concreto, señala que los bancos tendrán que reflejar en los precios de sus préstamos "todos los costes pertinentes", "incluidas las consideraciones tributarias, cuando proceda". 

Por su parte, la Comisión Europea ve "probable" que el impuesto "afecte negativamente a la rentabilidad de las entidades en los próximos años y reduzca su capacidad de generar capital orgánicamente".