Las personas, en el centro del sistema, sobre todo las más vulnerables. Pero hay nuevas formas de vulnerabilidad y exclusión que son menos visibles: estamos menos preparados para detectar las brechas digitales y resulta menos visible que esto genere discriminación o arbitrariedad en el acceso a servicios básicos.

La brecha digital es la grieta que separa a los que tienen acceso a internet y destrezas suficientes para aprovechar sus grandes ventajas y los que no lo tienen debido a problemas socioeconómicos o educativos, discapacidad, a la localización geográfica o a la edad.

Hemos olvidado los efectos de la reciente pandemia global en la brecha digital de la enseñanza, con muchos profesores y alumnos abandonados durante meses por no tener acceso a equipos, a tecnologías, al conocimiento.

Afrontamos una revolución tecnológica digital y necesitamos en Europa una protección específica para el acceso a servicios básicos sin que haya discriminaciones por no dominar la tecnología. La digitalización está arrinconando a muchas personas que tienen que hacer gestiones ineludibles o disfrutar de derechos y de bienes ya imprescindibles, porque Europa es, también, la gente mayor, las personas con menos formación, los habitantes de las zonas rurales desertizadas por la ausencia de cobertura y de servicios.

El Comité de Peticiones del Parlamento Europeo ha aprobado esta semana por unanimidad una resolución sobre la brecha digital, porque entiende que el problema crece cada día con la inevitabilidad de internet y los teléfonos móviles y la enorme cantidad de servicios públicos y privados suministrados solo a través de canales digitales. Todo ello aumenta los desequilibrios entre sociedades y países, entre regiones y personas.

No se trata de cuestionar las enormes ventajas de todo tipo que implica la digitalización en la vida económica y financiera y en todos los aspectos de la sociedad. Lo que queremos es que las normas europeas garanticen que las personas estén en el centro, que sus derechos se respeten y que haya siempre opciones abiertas a la hora de pagar, de hacer gestiones, de formarse.

Todo cambio debe contar con ayudas eficaces para la transición, y eso significa que los servicios y las gestiones tienen que ofrecer opciones no digitales —libertad de elegir, en definitiva— mientras persista la brecha, siempre que haya —porque siempre ocurrirá— personas que no tengan las capacidades o los conocimientos para superar las barreras en un mundo digitalizado.

Significa también que Europa debe garantizar la presencia de servicios públicos en las zonas rurales y en los barrios más deprimidos de las ciudades y asegurar el acceso de todos a esos servicios, sin discriminaciones basadas en la falta de educación tecnológica o de comprensión.

Para facilitar esa transición, el dinero de los fondos Next Generation tiene aquí un excelente territorio de aplicación, porque son necesarios recursos humanos, tecnológicos y económicos. Lamentablemente, hay demasiadas directivas europeas recientes que ignoran los derechos de los consumidores y la discriminación que las personas mayores y otros grupos vulnerables sufren a diario. Podemos y debemos transmitir una visión ética europea de la digitalización y una voluntad política de hierro para superar la brecha entre jóvenes y mayores y entre la ciudad y el campo.

El sector bancario ha sido y es particularmente insensible por el abuso de filtros tecnológicos y de imposiciones a la hora de hacer gestiones y pagos, o de sacar dinero. El cierre de oficinas se combina con la obligatoriedad de tener un teléfono móvil, las exigencias de citas previas, el despotismo y las arbitrariedades, las que han permitido esta jungla de abusos y malos tratos de la banca a muchos ciudadanos en nombre de la –necesaria, desde luego— lucha contra el fraude. La propia Comisión Europea ha reconocido los puntos negativos de estas directivas, pero no ha ido más allá de trasladar la responsabilidad de subsanarlos a bancos y clientes.

El médico Carlos San Juan, distinguido como Ciudadano Europeo 2022 por su campaña "Soy mayor, no idiota", dio en la diana al reivindicar el derecho de las personas mayores a vivir plenamente en una sociedad digitalizada. Lo que San Juan reclama es que la tecnología esté al servicio de la gente. Lo que denuncia, irritado y en voz alta, y con toda la razón, es el atropello y la injusticia de que haya millones de ciudadanos despreciados y relegados que no pueden realizar sus gestiones administrativas o bancarias en un mundo en el que la tecnología divide, separa, aleja y humilla a los que no la dominan.

Su lucha nos anima a impulsar la necesidad de protección concreta para que todos puedan acceder a los servicios básicos sin discriminación, sin marginaciones en la formación, en la búsqueda de empleo, en las gestiones administrativas o en las operaciones de bancos y servicios. El progreso de verdad no puede producir nuevos excluidos sociales.