Un juez de EE UU anula la norma que usaba la covid como pretexto para expulsar a migrantes indocumentados en la frontera

  • El Gobierno podría verse desbordado porque miles de migrantes han esperado en albergues a lo largo de la frontera.
  • El juez ha dado un plazo de 5 semanas, hasta el 21 de diciembre, para dejar de aplicar el Título 42. 
Es sin duda una de las fronteras más activas del mundo y no es para menos porque presenta contrastes muy importantes. Mientras que el PIB per cápita mexicano se sitúa en los 19.796 dólares; el estadounidense es más del triple: 62.530 dólares.
La frontera separa Chula Vista (EE UU) de la ciudad mexicana de Tijuana.
Pixabay/WikiImages

Un juez federal de Estados Unidos bloqueó la pasada semana el Título 42, una norma que ha servido a este país para expulsar a migrantes indocumentados, al no permitirles solicitar asilo. El pretexto ha sido la pandemia de covid-19. Esa norma comenzó a aplicarse en 2020 durante la Administración de Donald Trump, pero la actual de Joe Biden la ha mantenido y ahora podría verse desbordada porque miles de migrantes han esperado en albergues a lo largo de la frontera.

Emmet Sullivan, juez de la corte federal del Distrito de Columbia, considera que el Título 42 suponía pocos beneficios probados para la salud pública, puesto que el virus de la covid ya estaba muy extendido por EE UU. El magistrado describe la orden emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) como "arbitraria y caprichosa". Por todo ello ha anulado este Título 42, decisión que entrará en vigor el 21 de diciembre.

Han sido dos años de detenciones récord en la frontera entre EE UU y México. El Título 42 ha permitido frenar el paso a cientos de miles de migrantes por motivos sanitarios. La Administración estadounidense no les ha permitido solicitar asilo y luego los ha ido expulsando del país por la vía rápida.

El juez describe la norma como "arbitraria y caprichosa" y culpa a los CDC por emitir una orden de salud pública ignorando "el daño que podría causar"

Con el pretexto de esa normativa, casi dos millones y medio de migrantes han sido expulsados por la Administración de EE UU desde marzo de 2020, según la organización International Rescue Committee. La mayor parte de estas devoluciones ha tenido lugar durante el Gobierno de Biden ya que el número de "sin papeles" ha crecido exponencialmente.

En su auto, el juez culpa a los CDC por emitir una orden de salud pública ignorando "el daño que podría causar". Sullivan considera que había enfoques alternativos, como permitir que los migrantes se pusiera en cuarentena en hogares de amigos, familiares o refugios en EE UU.

En descargo de los CDC, hay que decir en que a principios de este 2022 anunciaron planes para rescindir el Título 42, que ya no consideraban necesario por la menor incidencia de la pandemia y la mayor disponibilidad de vacunas. Sin embargo, en mayo, un juez federal de Louisiana impidió la anulación del artículo.

Un argumento del siglo XIX para frenar la inmigración

La norma en cuestión tenía su origen en una ley del siglo XIX diseñada para detener "la introducción" de enfermedades contagiosas en Estados Unidos (todos hemos visto en las películas las salas de cuarentena de la Isla de Ellis, sin ir más lejos en la segunda parte de El Padrino). La diferencia es que esta vez se eligió "devolver los barcos" en lugar de acudir a centros de cuarentena.

Nunca se trató de la salud pública. Este fallo pone fin a la farsa de usar el Título 42 para impedir que los solicitantes de asilo obtuvieran al menos una audiencia"

El fallo de Sullivan es fruto de una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), que alegaba que el Título 42 ponía a los migrantes en una situación de peligro y viola la ley de asilo estadounidense. "Nunca se trató de la salud pública. Este fallo pone fin a la farsa de usar el Título 42 para impedir que los solicitantes de asilo desesperados al menos obtuvieran una audiencia", ha dicho Lee Gelernt, abogado de la ACLU.

Esto va a suponer todo un desafío logístico para el gobierno Biden porque en todo este tiempo miles de migrantes enviados de regreso a México han estado esperando en albergues a lo largo de la frontera. Cuenta la CNN que ya antes de la decisión del juez los funcionarios de EE UU habían expresado su preocupación por lo que podría pasar sin el Título 42.

El juez ha dado cinco semanas para dejar de aplicar el Título 42: su decisión entrará en vigor el 21 de diciembre a medianoche

Tal vez por ello, un día después de decidir la anulación de la norma, Sullivan aceptó dar a las autoridades federales de inmigración cinco semanas para dejar de utilizar el Título 42. Accedió así a que exista un periodo de transición como le había pedido la Administración Biden.

"Este período de transición es fundamental para garantizar que el DHS pueda seguir llevando a cabo su misión de asegurar las fronteras de la nación y realizar sus operaciones fronterizas de forma ordenada", escribieron los abogados del Departamento de Justicia. Aseguran que se trata de hacer ajustes operativos para cumplir con el fallo. Dado que la ACLU no se opuso, Sullivan decidió que su orden para dejar de aplicar el Título 42 entre en vigor el 21 de diciembre a medianoche.

Ahora mismo se registra un número récord de detenciones de migrantes indocumentados en la frontera con México. Solo en octubre hubo 230.000 arrestos, con más de 78.400 expulsiones del territorio estadounidense. Este mismo juez federal había impedido previamente que la administración de Biden expulsara a familias migrantes con niños.

A partir de diciembre se aplicará el Título 8, que permite deportar y poner penas a quienes no cumplan con los requisitos

A partir de diciembre se aplicará el Título 8, que permite a los migrantes solicitar asilo en los puertos de entrada. Sin embargo, este artículo también da al Gobierno norteamericano la potestad de deportar e incluso imponer penas a quienes no cumplan con los requisitos.

El subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, Blas Nuñez-Neto, ha explicado que entre sus planes están incluidas medidas para reducir los tiempos de procesamiento, aplicar represalias a quienes crucen la frontera de manera ilegal y trabajar con gobiernos de la región para hacer frente a los traficantes de personas. Tienen para ello más de 23.000 agentes en la frontera.

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