El desguace de la sanidad pública de Madrid y otras comunidades autónomas viene de antiguo. Han pasado doce años desde que conté mi experiencia a quien era entonces consejera en una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular.

-"He tenido que hacerme unas pruebas médicas, vistos los plazos de la pública he tirado del seguro privado y desde la primera visita hasta que me han puesto el tratamiento han intervenido 14 profesionales de 14 empresas o entidades diferentes: uno prescribe la prueba, otro la firma, otro tiene la máquina en una sala arrendada de una clínica donde opera un técnico que por la mañana trabaja en un hospital público… Así, hasta 14. Esto es una maraña de contratas y subcontratas como la de la construcción y todos se llevan su parte, claro".

-"Es mucho peor que la construcción", contestó para mi sorpresa la consejera.

El desguace de lo público obedece a un deliberado plan de crecimiento de la sanidad privada

Resulta, me explicaron entonces, que algunos en su partido veían la sanidad como un sector económico con futuro. Si en lugar de tener una excelente sanidad pública que suponía un 6 o 7% del PIB, montaban un aglomerado público privado que llegara al 15 o 16%, como en Estados Unidos, habrían generado un área de crecimiento económico, de creación de empresas, de beneficios e incluso de empleo.

A mí eso me parecía disparatado, pero es lo que hemos visto en estos años. El desguace de lo público obedece a un deliberado plan de crecimiento de la sanidad privada -eso sí, con dinero público como combustible principal- al que incluso tuvo que poner freno la Justicia cuando el actual consejero de Hacienda de Madrid intentó repartir de cualquier manera hospitales públicos entre empresas privadas.

El plan ha sido un éxito, en cualquier caso. Actualmente, la mitad de los madrileños tenemos seguros privados, las lindes entre lo privado y lo público están borrosas (a veces no sabes ni quién te hace la prueba ni con qué dinero se paga), las contratas y subcontratas se siguen multiplicando y quienes protestan, como siempre, no son los usuarios, que sería lo lógico, sino los profesionales que viven en primera línea el desastre. Aquella consejera que me dijo "mucho peor que la construcción" hace tiempo que abandonó la política.