La presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández De la Vega, comunicó el pasado jueves su dimisión, que será confirmada por el Consejo de Ministros el próximo martes, y podría aspirar ahora a recuperar el cargo de consejera permanente, que ya ocupó entre 2010 y 2018. Los nueve puestos de la Comisión Permanente del Consejo son los únicos nombrados por el Gobierno que se asignan de por vida.
Desde el Consejo de Estado "no se descarta" que De la Vega tenga intención de volver a su anterior puesto en la institución, aunque recalcan que "depende del Gobierno", que es el encargado de nombrar a sus miembros. La renuncia de la presidenta del órgano consultivo del Ejecutivo coincide con la de Victoria Camps, que dimitió la pasada semana de su cargo de consejera vitalicia dejando una vacante tentadora para la exvicepresidenta del Gobierno con José Luis Rodríguez Zapatero.
Si accede a la Comisión Permanente, la recién dimitida recuperaría su condición de vitalicia, que perdió al ser nombrada presidenta, y pasaría a cobrar un sueldo superior a la que actualmente percibe.
De la Vega ha decido marcharse tras cumplir el compromiso adquirido con Pedro Sánchez para permanecer cuatro años en el cargo y acometer reformas en favor de la digitalización y transparencia de la institución. Además, la dimisión ha tenido lugar en el año previo a las próximas elecciones generales, una circunstancia clave para entender la estrategia de la presidenta.
En el órgano consultivo del Gobierno tan solo nueve puestos son vitalicios, los de la comisión permanente. Abandonando la presidencia del Consejo y entrando al cargo vitalicio, De la Vega se cubriría las espaldas para mantenerse en esta institución ante un posible cambio de Gobierno tras las elecciones generales del próximo año.
¿Qué es el Consejo de Estado?
El Consejo de Estado es un órgano consultivo del Gobierno, una institución colegiada que se encarga de dictaminar sobre las consultas que le formula el Ejecutivo. La gran mayoría de sus dictámenes no son vinculantes y tampoco lo son sus mociones, que consisten en propuestas que el Consejo eleva al Gobierno a raíz de informes que considera oportuno estudiar.
El organismo nació en 1526, durante el reinado de Carlos V y tras pasar momentos de mayor y menor relevancia a lo largo de la historia de España, la figura fue reconocida por la Constitución de 1978. Actualmente, el Consejo se compone de consejeros permanentes, consejeros natos y consejeros electivos, y se organiza en la Comisión Permanente, el Pleno y la Comisión de Estudios.
La Comisión Permanente
La Comisión Permanente está formada por nueve consejeros de cargo vitalicio y encabezada por la presidenta del órgano. A cada uno de los consejeros se le asigna una sección. La primera está presidida por Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y se encarga de despachar los asuntos de Presidencia del Gobierno, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. La segunda, encabezada por Miguel Rodríguez-Piñero se encarga de lo relativo al Ministerio de Justicia.
Paz Andrés Sáenz de Santamaría preside la Sección Tercera, encargada de los asuntos correspondientes al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio del Interior. La Sección Cuarta la lidera Fernando Ledesma Bartret y se ocupa de los ministerios de Defensa, Industria y Comercio y Turismo. Esta sección también trabaja en las consultas relacionadas con las Secretarías de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales.
Alberto Aza Arias despacha los asuntos correspondientes a la Sección Quinta, que tienen que ver con Hacienda, Asuntos Económicos y Transformación Digital. José Luis Manzanares, presidente de la Sección Sexta, se encarga de lo relativo al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En la Sección Séptima, dirigida por Victoria Camps, a la que accedería como presidenta Fernández De La Vega, se dirime sobre Educación y Formación Profesional, Sanidad, Ciencia e Innovación, Consumo, Universidades y Cultura y Deporte.
La Sección Octava la lidera Enrique Alonso García y en ella se despachan los asuntos que conciernen a los ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación y Transición Ecológica y Reto Demográfico. La novena y última sección la preside Adela Asúa Batarrita y se ocupa de los ministerios de Trabajo y Economía Social, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Derechos Sociales y Agenda 2030 e Igualdad.
Los consejeros permanentes tienen un sueldo anual de 14.580 euros. Sumando otros extras en concepto de pagas extraordinarias y complementos la cifra asciende a 119.778,17 euros. Un sueldo superior al de la propia presidenta, que percibe 86.900,76 euros anuales.
El Pleno del Consejo del Estado
El Pleno cumple en el Consejo del Estado el papel de dirimir sobre los asuntos que no pueden ser abordados por la Comisión Permanente y para ello se reúne una vez al mes. Sus acuerdos se adoptan por mayoría absoluta, a excepción de las propuestas legislativas o de reforma constitucional encomendadas por el Gobierno, que se votan por mayoría simple. Está integrado por la presidenta, los consejeros permanentes, los consejeros electivos y los Natos.
El cargo de consejero nato lo ocupan personalidades como el director de la RAE, el Jefe del Estado Mayor de Defensa o el Gobernador del Banco de España. Cualquier expresidente del Gobierno puede reclamar formar parte del Consejo como consejero nato y, aunque actualmente no hay ninguno en el cargo, José Luis Rodríguez Zapatero lo estuvo en su día. Los consejeros natos y los electivos no cobran un sueldo como tal, pero pueden recibir un máximo de 974,16 euros mensuales por asistencia a Pleno.
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