Dos grandes ciudades, Madrid y Barcelona se han unido contra el "descontrol" de las terrazas de hostelería en sus barrios. Los últimos cambios normativos en la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración, aprobada en febrero del 2022, han supuesto que la expansión e impacto de las terrazas haya continuado agudizándose. Las modificaciones son más permisivas y permitirán colocar más mesas y sillas de las que había antes, también se reducen las distancias mínimas y sólo se retirarán algunas terrazas instaladas en las bandas de aparcamiento. La Federació D'associacions Veïnals de Barcelona (FAVB) y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), junto a FACUA piden la intervención urgente del Defensor de Pueblo.

Se ven en la necesidad de solicitar amparo a esta figura "ante las distintas situaciones de indefensión creadas por el sector económico de la hostelería y los respectivos gobiernos municipales y autonómicos en torno a la utilización del espacio público, mediante la actividad de terrazas", según exponen en su carta al Defensor del Pueblo. Asimismo, hacen hincapié  en la importancia de la gestión de las condiciones ambientales que afectan a las personas residentes de una buena parte de las ciudades de Barcelona y Madrid.

Concretamente en ciertos barrios de Madrid se encuentra una saturación de las terrazas en zonas turísticas de la ciudad (distritos Centro, Salamanca, Chamberí y Retiro, especialmente en zonas o barrios como Cavas, Chueca, Asturias, Pza. Mayor, Lavapiés, Ponzano, Malasaña, Trafalgar, Ibiza, etc.) con una elevada contaminación acústica y ambiental que genera graves molestias a los vecinos sobre todo en horas de descanso y, también destacan por ocupar abusivamente las plazas públicas. 

Muchos establecimientos incumplen la normativa vigente con la instalación de modelos de sillas y mesas no autorizados, a fin de aumentar el aforo, según los estudios de la FRAVM. También se sobrepasan en emisión de ruidos y humos e incumplen las normas de accesibilidad (invasión de itinerarios peatonales accesibles, mesas adosadas a fachadas, etc.) y horarios de cierre establecidos.

Para que esto cambie piden una modificación de la Ordenanza de Terrazas que incluya nuevos puntos. Entre ellos encontramos que la restricción de horarios de funcionamiento de las terrazas a horarios diurnos y vespertinos, en sintonía con la OPCAT, terminando a las 23.00 horas. Por otro lado, piden recuperar la obligatoriedad de un informe de impacto ambiental al área municipal competente para la autorización de terrazas y que la autorización de terrazas sea preferentemente estacionales durante los meses estivales del año. 

Otro de los puntos recoge es que haya una aplicación restrictiva de los requisitos básicos de localización de la terraza y que en ningún caso sobrepase la anchura de la fachada del mismo, así como la eliminación de la posibilidad de instalación de estructuras ligeras/veladores y el reforzamiento de los requisitos para garantizar itinerarios peatonales accesibles. También buscan una reducción de las superficies ocupadas por mesas en plazas públicas, la intensificación de los procesos de inspección y el control de condiciones laborales del personal de dichos establecimientos. Por último, una introducción de medidas de delimitación y decrecimiento del número de licencias, en especial en zonas especialmente masificadas o tensionadas acústicamente o saturadas en actividad hostelera. 

Desde las asociaciones ponen en manifiesto la falta de compromiso de las Administraciones públicas con el cumplimiento de la normativa europea y estatal en materia de contaminación acústica, recogida en la Directiva 2022/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, conocida como "Directiva sobre Ruido Ambiental".

Conforme a dicho marco jurídico, las Administraciones Públicas tienen la obligación de velar por el derecho fundamental a la protección de la salud y por ende el derecho al descanso y la protección a las personas frente al ruido. Desde las asociaciones denuncian la insuficiencia de las tareas de inspección, inacción de los policías locales en su función como policía administrativa, falta de medios personales y materiales y ausencia de medidas cautelares en los procedimientos administrativos con relación a actividades que ponen en riesgo la salud de las personas. 

Asimismo, proponen que se pongan en marcha políticas proactivas por parte de las Administraciones públicas frente a los ruidos, mediante el impulso de figuras ya recogidas en el ordenamiento jurídico, como son la elaboración de planes zonales específicos de mejora acústica o las declaraciones de zonas de situación acústicas especial; o la exigencia de una evaluación del impacto ambiental previa a la concesión de licencias de actividad de bares y restaurantes.

"La suciedad, los malos olores, humos, aparición de insectos y roedores y otros factores insalubres son riesgos para las actividades recreativas si no existe la vigilancia adecuada", relatan en la carta conjunta. Por ello, piden más vigilancia en el cumplimiento, por parte de este sector, de las ordenanzas de limpieza. También recalcan el peligro de las conocidas dark kitchens o cocinas fantasmas, ligadas al fenómeno delivery, que también han empezado a suponer un problema en edificios de viviendas que no están preparados para desarrollar esta actividad económica perjudicando así a los vecinos.