El narcoedificio de La Quimera ya es historia de Lavapiés. En la mañana de este miércoles numerosos efectivos de la policía han procedido a desalojar, por orden judicial, el edificio situado en la esquina de la plaza Nelson Mandela y la calle del Amparo del barrio. El que  antaño fuera un centro cultural y más tarde un lugar de encuentro okupado por colectivos que organizaban charlas o talleres, se había convertido después de la pandemia en uno de los puntos calientes de venta de droga en el centro de Madrid. Y los vecinos pedían a gritos acabar con una fuente constante de conflictos. 

Un total de 70 personas, la mayoría de ellas sin hogar y entre las que hay un menor de edad, han abandonado el asentamiento ilegal sin incidentes. Aunque trece personas han sido detenidas: nueve de ellas por delito de salud pública, por vender o portar droga; y las otras cuatro, por infracción a la Ley de Extranjería, según informaba la Policía Nacional durante la tarde de este miércoles.

“Se trataba de un foco de actuaciones delictivas que afectaba muy negativamente a la convivencia en Lavapiés y siempre hemos dicho que íbamos a tener tolerancia cero con la ocupación”, ha expuesto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, recordando uno de los compromisos nucleares de su legislatura.  

A principios de año, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, junto con el jefe superior de Policía Nacional en la capital, Manuel Soto, se reunieron con los vecinos del barrio. Una de las quejas más repetidas era la inseguridad que generaba La Quimera, donde se sospechaba que existía consumo y venta de sustancias estupefacientes. 

La Policía manda más patrullas a Lavapiés por el consumo y trapicheo de drogas en la calle

Cinco meses de vigilancia después, una vez constatadas las suposiciones y después de que la Policía Municipal localizara al propietario y le  convenciera para denunciar la okupación, se ha efectuado la operación. En ella se han desplegado 200 agentes por parte de la Policía Nacional y 80 agentes de Policía Municipal, que desde primera hora de la mañana acordaban las calle aledañas a la Plaza de Nelson Mandela.

EFE

También el Samur Social se ha trasladado hasta allí para atender "a todas las personas desalojadas", según fuentes del área de Familias y Igualdad y Bienestar Social. Sin embargo, solo siete de las setenta personas han  solicitado su servicio. "Se les ha realizado una valoración social e  informado sobre otros recursos y programas de Servicios Sociales por si los pudieran necesitar". En este caso, "tenían alternativa de alojamiento y no han requerido plazas de emergencia del Samur Social", explican.

Es más, "se han reservado plazas de alojamiento en el Centro Municipal de Urgencias Sociales (Cemus), por si fuera necesario usarlas" para cualquiera de los desalojados, si bien "no se puede retener a nadie contra su voluntad". "Seguirán pendientes por si su situación cambia y es necesario tramitarles una plaza de emergencia", añaden aclarando que se considera que una persona se encuentra en emergencia social cuando carece de cualquier alternativa de alojamiento.

Inquietud entre los vecinos: "¿Van a estar en las calles?"

Los vecinos del barrio de Lavapiés han recibido la noticia del desalojo con positividad. "Estábamos deseándolo", comenta a 20minutos, el presidente de la asociación vecinal La Corrala, Manolo Osuna, quien reconoce que los residentes en la calle Amparo "estaban hartos de las peleas, las fiestas y la música a todas horas". 

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Sin embargo, exigen que los servicios sociales no bajen la guardia para evitar que todas esas personas vaguen por el barrio. Si el Ayuntamiento no se hace cargo de ellos, "muchos de los indigentes podrían concentrarse a la plaza de Tirso de Molina, ahora que La Corrala y Ministriles están en obras", explica el líder vecinal.

Por de pronto, "¿qué va pasar con las 70 personas que han sido desalojadas? ¿Van a estar en las calles de Lavapiés?", se pregunta Osuna, preocupado por que el tráfico de drogas que se asocia a los desalojados salte a las calles. "Antes por lo menos, iban allí a por droga o a pincharse y estaban controlados", advierte. 

Asimismo, Osuna confía en que el propietario de La Quimera "ponga vigilancia" para que nunca más vuelva a convertirse en un narcoedificio.