La lentitud administrativa que bloquea la instalación de plantas solares fotovoltaicas en municipios de la Comunitat Valenciana ha provocado un atasco en la tramitación que puede llegar a afectar a las 433 de las 452 solicitudes que tiene actualmente sobre la mesa la Generalitat. Según el PP, el Consell solo ha aprobado 19 proyectos en los últimos dos años, una cifra que achaca a la "pasividad y dejadez" del presidente Ximo Puig y que la directora general de Política Territorial y Paisaje, Rosa Pardo, de Compromís, eleva a 41. El jefe del Consell ha reconocido esta semana que esta elevada demanda de inversiones necesita "mejorar" la "agilidad administrativa", más aún en un contexto de crisis energética que obliga a explorar vías alternativas de abastecimiento como pueden ser las energías renovables.

De hecho, el decreto de medidas anticrisis aprobado en abril por el Gobierno valenciano a raíz de la invasión rusa de Ucrania relajaba los requisitos para las plantas de menor tamaño, pero no parece haber surtido efecto para acelerar los trámites. El principal escollo que deben superar estas instalaciones para su implantación tiene que ver con el impacto paisajístico y medioambiental, dado que en su mayor parte pretenden ocupar terrenos de las comarcas del interior, en muchos casos destinadas a uso agrícola.

Los 452 proyectos de energías renovables que la Generalitat tiene actualmente en tramitación suman una potencia de 7.000 megavatios, el triple de lo que aportan actualmente este tipo de plantas en la Comunitat Valenciana. "Cuando estén en marcha, nuestra producción de energía superará a la demanda de familias y empresas: un 13% más", expuso este miércoles Puig, e insistió en que la "ambición" es ser autosuficientes a medio plazo. Según apuntó, la Comunitat genera el 70% de la energía que consumen los valencianos (18.000 gigavatios frente a 27.000), mientras con las 452 instalaciones cree que se cubriría la potencia de generación que representan las no renovables. Ahora bien, para eso se necesita "mejorar" la "agilidad administrativa", por lo que Puig hizo "autocrítica" ante el bloqueo burocrático que alarga los trámites.

Tras las palabras del jefe del Consell, la directora general de Política Territorial, Rosa Pardo, de la que depende la tramitación, publicó en una red social un listado con 41 proyectos de plantas solares validados favorablemente que suman una potencia de 734 MW. El de mayor potencia, Valle Solar, se ubica en los municipios valencianos de Teresa y Cofrentes, aunque también los hay en Ayora y Requena, o en las localidades alicantinas de Almoradí, Xixona, Crevillent o Villena.

El portavoz de Industria del Grupo Popular en Les Corts, Felipe Carrasco, afirma que están "en riesgo" 433 de 452 proyectos de plantas solares por el bloqueo de la Generalitat debido a las trabas administrativas a estos proyectos. "El tiempo se agota y es incomprensible el bloqueo en la tramitación de las fotovoltaicas que hacen perder millones de euros en inversiones necesarias para la demanda eléctrica valenciana", sostiene.

En su opinión, el Botànic "ha perdido un tiempo precioso para impulsar las renovables y lo estamos pagando hoy, cuando el precio de la energía por las nubes y muchas familias valencianas no puedan llegar a fin de mes", señala. Carrasco apunta que, en el último año, Andalucía ha crecido en renovables 11 veces más que la Comunitat Valenciana y Castilla y León 15 veces más.

Del mismo modo, el parlamentario critica que Puig "descargue toda la culpa en una dirección general que asume Compromís", en referencia a Política Territorial y Paisaje. "Echa balones fuera, pero el máximo responsable es él, como president, de la acción de su Gobierno. En su mano están los ceses y el desarrollo de sus políticas. Si hoy los proyectos están paralizados es porque Puig lo permite", asegura.

Factores ambientales

Según las cifras de la Dirección General de Política Territorial, las propuestas de plantas de energías renovables que evalúan el Gobierno central y la Generalitat ocuparían actualmente 156 kilómetros cuadrados de suelo no urbanizable común y otros 56 kilómetros cuadrados de suelo no urbanizable protegido. Para la evaluación de los proyectos, este departamento informa sobre todas las peticiones.