La celebración de la Diada nos ha recordado que hace diez años se puso en marcha el procés, que fracasó en 2017, no sin antes causar un daño enorme a la sociedad y a la economía catalana. Si hasta esa fecha las manifestaciones soberanistas mostraron unidad, ilusión y fortaleza, desde entonces reflejan desunión, desconcierto y debilidad. El año pasado a los dirigentes de ERC les pitaron y llamaron traidores, y en esta ocasión los republicanos se han desmarcado de la convocatoria de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), entidad a la que acusan de generar más división. La fractura del movimiento separatista se produce tanto por arriba, entre partidos, como por la base.

Pese a la brutal campaña de propaganda que durante el procés se lanzó desde la Generalitat, la secesión nunca fue una propuesta socialmente mayoritaria, y desde 2018 ese apoyo no ha hecho más que caer. La independencia ha desparecido del horizonte de muchísimos independentistas, que no la creen posible. La paradoja es que sus partidos siguen sumando mayoría absoluta en las autonómicas, en parte porque el sistema electoral se lo facilita, y también porque hasta ahora sus votantes se han sentido más motivados para ir a las urnas. Pero el peligro del abstencionismo, que tanto castiga a los partidos constitucionalistas, sobre todo de derechas (PP y Ciudadanos), también les podría pasar factura próximamente.

Pere Aragonès es consciente de ese peligro y por eso no puede dejar de prometer que Cataluña volverá a votar para elegir su futuro, una invocación tan vaga como tramposa. Primero porque los catalanes ya deciden regularmente desde 1977, y segundo porque el 1 de octubre no hubo realmente un referéndum, sino un intento de legitimar con una pseudovotación el golpe parlamentario contra la Constitución y el Estatuto de los días 6 y 7 de septiembre de 2017. Aragonès sabe que no habrá autodeterminación mientras España siga siendo una democracia y forme parte de la UE.

Aragonès avisa que "Cataluña volverá a votar" y destaca los acuerdos con el Gobierno para acabar con la judicialización del "conflicto"

La única victoria de la que se vanagloria el president de la Generalitat es la exclusión completa en este curso del castellano como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria. El triunfo del monolingüismo en las aulas se produce cuando el soberanismo se encuentra más débil que nunca en la calle. El mérito no es suyo, sino culpa de la inacción de la Abogacía del Estado y del Ministerio de Educación por razones políticas. Es el pago que exigía ERC para apoyar a Pedro Sánchez. La sentencia del 25% que en 2020 dictó el TSJC era firme desde enero pasado y debía cumplirse, pero quien debía pedir que se ejecutase no lo ha hecho. La pelota vuelve ahora al TC, pero a corto plazo la esperanza está en que la fuerza de la protesta el próximo 18 de septiembre evidencie este atropello de derechos fundamentales.