La familia de la televisiva, empresaria y reportera Aída Nízar posee varias viviendas en una lujosa y exclusiva urbanización llamada Cabopino, en Marbella. En los últimos meses la propia Aída pasa allí largas temporadas y su persistencia por conocer todos los entresijos de la administración de esa urbanización ha desatado una auténtica batalla campal. 

Los bandos dividen a la propia Aída y a un grupo de vecinos descontentos y al presidente de la comunidad, Gianni Fieno, que lleva 14 años en ese puesto, junto al resto de propietarios. Dado el enorme capital que maneja esa comunidad (se cuenta por millones de euros) y la supuesta falta de transparencia que hay en contratos facturas, ha provocado el enfrentamiento. 

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Por situar a todos los actores, también se ha visto implicado Ángel Nozal exalcalde de Mijas y actual concejal de ese ayuntamiento, donde protagonizó polémicas en el pasado, con manejos que le llevaron, por ejemplo a la apertura de un expediente por parte de su propio partido. 

Él no figura como administrador de Cabopino, de hecho, lo es su pareja, pero él habría ejercido labores muy similares a las de administrador, al acudir al menos a una junta, sentándose en la mesa junto al presidente y los cargos de la comunidad, portando documentación de la misma e incluso explicándole a los vecinos detalles de las cuentas de la comunidad, sin que se sepa en calidad de qué realizó esas labores. 

Los propietarios descontentos aseguran que poseen actas con la firma de Nozal, cuyo ejercicio como administrador podría suponer una incompatibilidad con su cargo político. 

Los cruzados de Cabopino han iniciado toda una investigación en torno a los usos y lo que consideran abusos por parte del presidente y de Nozal, al que ellos consideran parte de los manejos de la administración de la urbanización, a pesar de que el propio Nozal recuerda a este medio que no es administrador de Cabopino desde 2010.

Aída Nizar y los vecinos que la apoyan han forzado que revise la fiscalidad y contabilidad de la urbanización una censora de cuentas, tal como los estatutos de la comunidad estipulan. Además, han pedido judicialmente en los juzgados de Marbella, sobre lo que tendrán vista el próximo 7 de septiembre, las cuentas auditadas de la comunidad. 

Según afirman los comuneros que están en pie de guerra solo aspiran a la "transparencia y honestidad en las cuentas", por lo que han puesto ante la policía "numerosas demandas y querellas", además de contratar a detectives privados, según ha declarado Aída Nízar.

Charles Hawley es uno de los vecinos descontentos y candidato a presidente de la comunidad en la próxima Junta General que se celebrará en octubre. En una carta remitida a los vecinos por este inglés deseoso de que se aclaren las cuentas y usos de su comunidad, asegura que hay un "descontento generalizado que existe actualmente con la forma en que está gestionando la Comunidad de Cabopino". 

Según la misiva el actual presidente de la comunidad y la junta de gestión trata de "desviar la atención de los propietarios e intentar convencerles de que el origen de todos los males es una persona en concreto, a la que gratuitamente califica de problemática, y no el sinfín de deficiencias y hallazgos sin aclarar que vienen aflorando en los últimos tiempos". Esa persona es Aída Nízar. 

Y es que la colaboradora televisiva está preocupada, según dice, entre otras cosas, porque su comunidad esté defraudando a Hacienda. La tesis de Nízar y de los vecinos descontentos es ésta: "respecto al alquiler de espacios a restaurantes, licencias de colocación de cajeros automáticos a entidades financieras, alquiler de cuartos de basura a propietarios, etc., muchos propietarios hemos requerido el preceptivo certificado de ingresos atípicos de la Comunidad. Y ello por constituir un soporte documental para nuestras propias declaraciones de rentas. Pues bien, la Administradora sostiene que dichos alquileres se tramitan como si se tratase de un canon y que, por tanto, no se emiten facturas a los arrendatarios y licenciatarios ni se repercute IVA a éstos, lo cual, estamos persuadidos, supone un claro incumplimiento de la normativa española en materia de facturación de ingresos y tramitación de impuestos", dice la citada carta. 

Las acusaciones de Aída Nízar y el conjunto de propietarios cada vez más grande incluyen, según afirman, apropiación indebida de zonas comunes de la comunidad para uso particular, venta de hamacas de la comunidad sin autorización (por este motivo interpusieron denuncia ante la fiscalía de Marbella por la que tuvo que declarar el presidente en sede policial), supuesto incumplimiento del pago de cuotas como propietario del presidente, utilización de trabajadores de la comunidad para trabajos particulares (y las diferencias salariales entre los mismos), fraude con Hacienda... Estos vecinos han contratado un abogado y ya cuentan con la citada censora de cuentas para investigar el estado fiscal y económico de la comunidad, una comunidad que por sus ingresos mueve millones de euros. 

Así, han pedido las cuentas, a las que al parecer tienen dificultad para acceder, así como la explicación de decenas de gastos de la comunidad para los que no encuentran explicación o que no están aparentemente justificados. Además, estos vecinos han emprendido ya acciones legales, como un requerimiento de la documentación, una demanda por apropiación indebida y una auditoría judicial, como indicamos. 

Para el actual presidente de la comunidad todas estas acusaciones son  "extremadamente pobres y basadas en nada" y asegura que "no merecen ninguna consideración pero que dañan fuertemente el ambiente de nuestra Comunidad", motivo por el cual dicen haberse sentido "obligados a reaccionar con acciones legales contra estas personas con consecuencias que podrían derivar en consecuencias penales", para lo que han acudido a abogados que se pagarán con dinero de la propia comunidad.

En declaraciones para este medio Nízar asegura que no ambiciona ningún puesto en la comunidad, dado que por sus compromisos televisivos en Italia no tiene tiempo para tal desempeño. Lo que sí advierte es que "no va a cesar en su empeño hasta tener una administración honesta transparente y que verdaderamente se preocupe por los intereses de los comuneros en Cabo Pino".