El Partido Popular solicita al Gobierno que remita los informes técnicos y jurídicos que avalan las medidas del real decreto del plan de ahorro energético y garantiza que lo cumplirá según ha trasladado este martes el coordinador de economía del PP, Jaime Olano.

Desde Génova el dirigente popular ha señalado que también quieren conocer cuáles son los estudios de impacto económico que estas medidas pueden tener sobre el tejido productivo y esperan que el Gobierno les remita todos los informes porque "hasta ahora no han dado explicaciones de estas cuestiones".

"Esto es algo que lo dicen también los sectores afectados, tanto la industria como los comerciantes, los ayuntamientos, las comunidades autónomas gobernadas por el PP e incluso algún consejero del PSOE ha destacado la inseguridad jurídica que genera (el decreto)", ha señalado.

Preguntado acerca de la postura del PP a la espera de los informes que ahora solicitan, Olano ha aseverado que el "PP cumple siempre la ley", pero que esto no "impide" que una comunidad autónoma en el ejercicio de sus competencias decida presentar un recurso de inconstitucionalidad como ha anunciado la Comunidad de Madrid. "Lo que tiene que ver con el comercio es competencia exclusiva de las comunidades y es más que probable de que se afecta a las competencias", ha añadido.

Con todo, no ha aclarado que hará el PP cuando se convalide el decreto, pero ha indicado que esperan que el Gobierno "rectifique una vez más". "Solo acierta cuando rectifican y es un clamor de todos los sectores y administraciones públicas afectadas. Lo mejor que pueden hacer es retirarlo y negociarlo", ha concluido. 

La Comunidad de Madrid también ha insistido en la "inconstitucionalidad" del decreto energético del Gobierno central trasladando a los periodistas un decálogo de puntos en el que sustentarían su recurso y que recoge, entre otros, que el acuerdo con la Unión Europea para rebajar un 7% el consumo de gas en España "no es obligatorio".

Para el Ejecutivo liderado por Isabel Díaz Ayuso el plan colisiona con la Ley de Libertad de Horarios Comerciales regional al tener que apagarse los escaparates a las 22 horas, mientras que el de los edificios públicos lo haría "con la competencia del cuidado y uso" de los mismos y con el desarrollo turístico.

Además, han querido subrayar la diferencia de duración entre las previstas por la normativa europea, que aseguran que es de un año, con la del real decreto, que alcanzaría octubre de 2023. Por último, alertan de que la "defectuosa" configuración del régimen sancionador "puede llevar aparejada vicios de legalidad o constitucionalidad".

Para el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, el decreto implica "ocurrencia, improvisación, desproporción, imposición y probable inconstitucionalidad". "El decreto solo ahorra diálogo y despilfarra problemas", ha trasladado en sus redes sociales.

La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha afirmado que no ha contemplado el aplazamiento del decreto de ahorro energético, tal y como ha pedido el PP. También ha querido resaltar la importancia de su aplicación y que "no hay una voluntad constatada y generalizada de incumplir las normas".

Ha insistido en que, en general, hay una voluntad de cumplimiento y que "en principio" las comunidades autónomas deberían de contar con los equipos encargados de vigilar el cumplimiento del decreto. "Estoy segura de que todos vamos a hacer un esfuerzo", ha afirmado Ribera, quien ha señalado que se trata de un proceso en el que "lo importante no es sancionar, sino encauzar esa voluntad de aportar al esfuerzo colectivo".

"No se pretende sancionar, se pretende encauzar, por lo tanto tenemos que darnos un margen, claro que debemos estar todos vigilantes y reforzar la idea de que las normas están para cumplirlas. No creo que nadie vaya a imponer multas rápidamente, sino al revés, tendrá que haber un procedimiento previo y sobre esa base, de forma proporcionada, ir adoptando medidas", ha aclarado.