La sección quinta de la sala contenciosa-administrativa del TJSC ha acordado plantear ante el Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad contra el decreto sobre los proyectos lingüísticos de los centros educativos y la ley sobre el catalán en la escuela. La sala considera que la nueva normativa impulsada por el Govern infringe diversos artículos de la Constitución y choca también con el Estatut. 

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Defiende que ambas normativas introducen un modelo que "rompe" con la paridad de las lenguas oficiales, que choca con la interpretación que el mismo TC hizo sobre la lengua en la sentencia del Estatut y que quedan afectados derechos fundamentales. La interlocutoria se enmarca en la causa por el 25% de castellano en las aulas.

La sala considera que la nueva normativa impulsada por el Govern infringe diversos artículos de la Constitución y choca también con el Estatut 

Ante la nueva normativa, el TSJC ya declaró que era imposible hacer cumplir la sentencia de 2020, pero planteaba la posibilidad de presentar la cuestión de inconstitucionalidad. La Fiscalía y la Abogacía del Estado se han mostrado favorables a presentar el escrito al TC. 

La Generalitat también se ha mostrado favorable a defender la constitucionalidad de los textos legales ante el propio TC. Finalmente, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) cree que no hay que plantear ninguna cuestión al TC y pide al TSJC que obligue a hacer cumplir la sentencia, y la asociación Hablamos Español ve bien presentar la cuestión al TC, pero quiere saber primero si ya lo ha hecho el Gobierno.

El tribunal concluye que la nueva normativa hace imposible aplicar la sentencia, pero que a la vez vulnera la Constitución y la interpretación que hace el TC sobre el uso de las lenguas, ya que "rompe la paridad" entre catalán y castellano, pues la primera se trata como vehicular y la segunda no.