Las leyes catalanas que obligan a los grandes propietarios a ofrecer alquileres sociales a personas vulnerables han conseguido dar una alternativa a entre 5.000 y 11.000 familias que iban a ser desahuciadas entre 2017 y 2021. Estos datos se desprenden de un informe elaborado por la PAH y otras entidades sociales sobre el impacto que la Ley 24/2015 y otras medidas han tenido sobre la exclusión residencial.

Estas entre 5.000 y 11.000 familias representan entre un 9,7% y un 20,5% del total de desahucios practicados en Cataluña durante ese periodo (más de 54.000), teniendo en cuenta que, para que esta obligación sea efectiva, la familia afectada debe acreditar una situación de vulnerabilidad y la propiedad de la vivienda tiene que ser un gran propietario, como bancos o fondos de inversión. 

Además, cabe también destacar que algunos artículos de la ley relacionados con los alquileres sociales han sido recurridos (por ejemplo, por el Partido Popular) y suspendidos en varias ocasiones, aunque se han recuperado más adelante. "Pese a las resistencias y las impugnaciones a la ley, los resultados son relevantes", señalan desde las entidades.

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Sin embargo, remarcan que sigue habiendo "un alto nivel de incumplimiento" de la ley, especialmente por parte de los fondos de inversión, y piden a la Generalitat más seguimiento para sancionar -con hasta 25.000 euros- a estos grandes propietarios cuando se ejecute un desahucio y no se haya ofrecido un alquiler social.

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Esperas de 26 meses para una vivienda de emergencia

Por otra parte, el informe también destaca las largas listas de espera que hay a la hora de acceder a una vivienda de emergencia. En Cataluña, 1.614 familias están a la espera, 946 en la mesa de emergencia autonómica -con una media de espera de 8,9 meses- y 668 en la mesa de Barcelona -con una espera que alcanza, de media, los 26,8 meses-.

En esta situación se encontró Nadia, una mujer de 34 años con dos hijas (de 14 y 11 años) que, en 2017, recibió una demanda de desahucio. Tras asesorarse a través de la PAH, entró en las listas de espera para acceder a una vivienda de emergencia pero, pese a la urgencia de la situación, no la recibió hasta septiembre de 2019.

En este tiempo, sufrió hasta tres intentos de desahucio y, finalmente, dejó el piso en el que vivía en septiembre de 2018, una situación que afectó a su salud mental y a la de sus hijas. Ahora, además, se enfrenta a una subida del alquiler y tendrá que pasar a pagar 470 euros. "Vuelvo a estar en la misma situación que antes", lamenta.

200.000 cortes de suministro evitados

Por otra parte, la Ley 24/2015 también prohíbe los cortes de suministros a personas vulnerables que no puedan pagarlos. Así, entre julio de 2015 y diciembre de 2020, se evitaron 200.000 cortes en Cataluña de los cuales 21.624 fueron en Barcelona. Sin embargo, en este caso las entidades también alertan de de que hay "un claro incumplimiento de la ley por parte de las compañías".

Sobre estos cortes de suministro habla Mari Carmen, quien sufrió uno en 2016 por parte de la compañía Naturgy. "Me lo cortaron porque no pagué la factura, pero no porque no quisiera sino porque no podía", señala. "Con 350 euros de pensión era pagar o comer".

"Lo peor es que te encuentras totalmente sola, desprotegida, si no fuera por estos movimientos sociales". Y es que, cuenta, fue desde la Aliança contra la Pobresa Energètica que tuvo conocimiento de la ley y no desde Servicios Sociales, y fue esta entidad quien la ayudó a recuperar el suministro, yendo primero a que Servicios Sociales le acreditase su situación de vulnerabilidad y luego acogiéndose a este derecho.

Sin embargo, explica que ahora acumula una deuda que "supone una carga que no es agradable" y que, además, ha recibido presiones por parte de Naturgy: "He recibido llamadas crueles en las que me decían que por qué no me ponía a trabajar o 'señora, el lunes nos vemos en los juzgados'. Cada vez que sonaba el teléfono, el corazón me iba a 1.000 por hora. Además, me enviaban cartas con un vocabulario judicial que, si no lo conoces, te asustan".