El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, presentará en las próximas horas, como muy tarde mañana, una denuncia contra la anterior directora del CNI, Paz Esteban, y contra la empresa creadora y comercializadora del programa Pegasus, por intromisión en dispositivos digitales privados, intercepción en las comunicaciones privadas, espionaje y producción de spyware. Este proceso se extenderá a cualquier otra persona o entidad que pueda verse afectado en las posteriores investigaciones judiciales. La demanda está dirigida al juzgado de instrucción de Barcelona, por lo que después pasará a reparto. La defensa del presidente se ha preparado desde los servicios jurídicos de la Generalitat, con la participación de Andreu Van den Eynde ,defensor en su día de Oriol Junqueras durante el juicio del 'procés'.

En la demanda se constata que la organización CitizenLab ha confirmado que el presidente fue espiado como mínimo en cuatro ocasiones, por lo que denuncia que se han violado los derechos individuales de Pere Aragonès, pero también los derechos de representación por desempeñar un cargo público. El escrito asegura que el espionaje se produjo en enero de 2020, en el contexto de las negociones para nombrar presidente del Gobierno a Pedro Sánchez y la inhabilitación del anterior presidente de la Generalitat, Quim Torra.

La denuncia contra la empresa israelí NSO se basa en la obligación que tiene esta compañía de disponer de herramientas de control para asegurar que su programa se está utilizando correctamente. La querella mantiene que, o bien NSO no tiene estas herramientas, o bien no son suficientes.

Reconocimiento explícito

Sobre la inclusión en la denuncia de la anterior directora del CNI, Paz Esteban, la demanda de Aragonès expone que Esteban reconoció en sede parlamentaria que habían espiado a diferentes líderes independentistas, entre ellos el presidente. Aunque aseguró que estas intervenciones se habían hecho con autorización judicial, la querella quiere saber cuáles fueron las motivaciones que se explicitaban en estas autorizaciones para llevar a cabo las intervenciones. El Govern ha determinado en su reunión que estos hechos tenían solo "motivaciones políticas". Al mismo tiempo, creen que las actuaciones que llevó a cabo el CNI son una infracción penal que no puede quedar sin ser juzgada.

Finalmente, el objetivo de la demanda es, además de restablecer y garantizar los derechos del presidente Aragonès, proteger las pruebas para poder saber quién ha tenido acceso a la información y donde está en estos momentos.

Roger Torrent interpuso en 2020 una querella parecida por las intervenciones en sus dispositivos a principios del verano de 2019. Al formar parte de una misma actuación, o de una actuación sistemática, según la querella, los abogados son los que indicarán si se pueden aunar estrategias.