El Gobierno reacciona tras la debacle en Andalucía y aprobará el sábado más medidas anticrisis

La debacle del PSOE y Por Andalucía en las elecciones autonómicas el pasado domingo ha hecho que el Ejecutivo reaccione. Sin ir más lejos, el Gobierno ha decidido adelantar hasta el próximo sábado la aprobación de un nuevo plan anticrisis, que incluirá medidas de choque contra las consecuencias económicas del conflicto que está teniendo lugar en Ucrania. Lo hará en un Consejo de Ministros extraordinario, que dará luz verde a un decreto que sustituirá al ahora existente, cuya fecha de caducidad es el próximo 30 de junio. Así lo ha adelantado en rueda de prensa este martes la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, que ha detallado la dificultad de aprobar el decreto la semana que viene por la celebración de la Cumbre de la OTAN en Madrid los días 28 y 29 de junio.

"El sábado se celebrará un Consejo de Ministros extraordinario porque la situación que estamos viviendo -en referencia a la guerra en Ucrania- es extraordinaria", ha lanzado Rodríguez, que ha asegurado que el Ejecutivo va a atender a la situación económica con "determinación". "Lo hemos hecho desde el inicio de la guerra y lo volveremos a hacer esta semana con el objetivo de atender a las personas más vulnerables, con mayores dificultades; a los sectores más afectados, como el de los transportes o la agricultura; y a una mayoría social que día a día ve como este conflicto está afectando a sus economías", ha resumido.

De momento, Moncloa no da pistas sobre el contenido del decreto. Fuentes del palacio presidencial defienden que será "sustancialmente" parecido al que se aprobó en abril, aunque habrá medidas "retocadas o mejoradas". Sí se incluirá esta vez la subida del 15% de las pensiones no contributivas -las de viudedad, orfandad o invalidez- que el Ejecutivo pactó con EH Bildu y que llegará a alrededor de 440.000 personas. Con todo, está por ver el coste que alcanza el nuevo decreto y el tiempo que estará en vigor. El anterior, que incluía el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un 15%; la extensión del bono social eléctrico a 600.000 familias; o la prórroga de la rebaja impositiva en la factura de la luz; tuvo un coste de 6.000 millones de euros y se alargó durante tres meses -abril, mayo y junio-. En este caso se ha barajado la posibilidad de que dure un semestre u otros tres meses -como anunció en un primer momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- con una cláusula para prorrogarlo.

En este sentido, también se da por hecho que se alarguen los descuentos a los carburantes, aunque la subida de los mismos se haya 'comido' el descuento de 20 céntimos del que se pueden beneficiar todos los ciudadanos. Este hecho provocó que Unidas Podemos pidiese diferenciar por renta, un extremo que no parece que se llegue a hacer realidad esta vez. 

Mejores sensaciones hay en el ala del Gobierno de Unidas Podemos respecto a la posibilidad de ampliar otras medidas adoptadas en el anterior plan de choque. Antes de las elecciones andaluzas, la formación morada elevó la presión al PSOE para poner en marcha iniciativas como la rebaja del abono de transporte público, y lo hizo a través de las declaraciones de sus dos principales arietes en el Gobierno: la vicepresidenta Yolanda Díaz y la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Fuentes moradas se quejaban entonces de que los ministerios del PSOE no habían respondido a la propuesta concreta que les había hecho llegar Unidas Podemos.

Este martes, por el contrario, las cosas se han movido, y se ha producido una primera reunión entre el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, líder del área económica de Podemos, y Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos en el gabinete de Pedro Sánchez. Ese encuentro ha sido el primero destinado a discutir de manera concreta las medidas que incluirá el próximo decreto, y fuentes de Unidas Podemos se muestran optimistas sobre la posibilidad de que entre ellas se encuentren tanto un fondo para que las comunidades reduzcan a la mitad el precio de sus abonos mensuales de transporte público como una subida temporal del 40% en el impuesto de sociedades para las eléctricas.

Esta primera reunión se ha producido después de que Díaz, el lunes por la tarde, insistiera en la necesidad de tomar nuevas medidas para combatir la subida de los precios a través de varios mensajes publicados en Twitter. La vicepresidenta también rescató una propuesta planteada hace unos meses por Unidas Podemos, la de entregar un cheque de 300 euros a "las personas más golpeadas por la crisis" para ayudarles a pagar las facturas de luz y gas, que según la propuesta morada beneficiaría a todos los hogares con ingresos por debajo de los 70.000 euros anuales. Fuentes de Unidas Podemos, no obstante, admiten que es mucho más complicado que el PSOE acepte estudiar esta medida.

Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rebajó el optimismo morado sobre la posibilidad de que el PSOE se avenga a aprobar en las próximas semanas un recargo de diez puntos en el impuesto de sociedades que pagan las empresas eléctricas. Montero asegura que está de acuerdo con el fondo de esa propuesta, pero volvió a insistir en que lo más adecuado es ponerla en marcha junto a los Presupuestos para que entre en vigor en 2023. "Lo importante es que sea lo más rápido posible y que se pueda aplicar al inicio de un ejercicio fiscal, que yo creo que es lo más ordenado", señaló la titular de Hacienda.