La Conselleria de Justicia sigue adelante con su plan para poner cerco a la prostitución persiguiendo a proxenetas y clientes y ahora quiere fijar el foco en las carreteras, uno de los principales espacios en los que se desarrolla, mucho más a la vista que locales y pisos. La titular de este departamento, Gabriela Bravo, ha propuesto a la Conselleria de Política Territorial, también dirigida por el PSPV-PSOE, que active la modificación de varios artículos de la Ley de Carreteras valenciana, de 1991, para poder sancionar también, hasta con 15.000 euros, "a los puteros y a los proxenetas" que fomenten la práctica de la prostitución en las vías de titularidad autonómica.

"Hemos comunicado a la Conselleria la necesidad de modificar la ley de carreteras autonómicas, también para perseguir ahí al demandante y a cualquier tipo de proxenetismo y de prostitución que se ejerza" y que "obligue a estar ahí" a las mujeres, ha expuesto Bravo, que ha instado además a "protegerlas". La consellera ha hecho este anuncio en la apertura del Foro Feminista Propuestas Ordenanza Prostitución, organizado este lunes por la Concejalía de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València para "recibir aportaciones" encaminadas a la elaboración de la citada norma municipal.

En la propuesta remitida al departamento que dirige Rebeca Torró se solicita la inclusión de un nuevo artículo al final del Título VIII de la normativa autonómica sobre carreteras donde se prohíba "la ocupación temporal de las zonas de dominio público, de protección y de reserva para realizar en ella usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual".

Asimismo, Justicia solicita establecer "un procedimiento de actuación de apoyo y protección a las personas que realizan usos y actividades relacionadas con la prestación de servicios de naturaleza sexual". Este planteamiento incluye también la adición al artículo 41 de la Ley de Carreteras de un nuevo apartado que defina como infracción grave "solicitar, negociar o aceptar, directa o indirectamente, servicios sexuales retribuidos en los espacios sujetos a esta ley, según lo dispuesto en su artículo 2".

La iniciativa prevé considerar estos hechos como una infracción grave que podrá ser sancionada con multas de entre 3.001 y 15.000 euros. La propuesta precisa que "en ningún caso las conductas detalladas en dichos artículos serán motivo de sanción para las mujeres en situación de prostitución o víctimas de explotación sexual".

Por todo ello, la consellera Bravo considera necesario "en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado poder establecer tolerancia cero ante la prostitución", ya que es "un problema importante, es un problema de Estado que se ha de abordar y tenemos que trabajar todos". Del mismo modo, afirmó que desde los ayuntamientos se puede trabajar "a través de las ordenanzas abolicionistas" y desde la administración autonómica con medidas como la modificación que ha planteado.

Bravo pidió "poner el foco en los proxenetas, los abusos y los puteros" y añadió que a las mujeres que trabajan en ella no hay que verlas como "elemento perturbador de la paz social" sino como personas cuyos derechos es "necesario proteger".

València prepara su ordenanza

La ciudad de València va a iniciar el procedimiento administrativo para redactar una Ordenanza de Prostitución que sustituya a la de 2013 y que ayude a combatir las nuevas formas de esta práctica que no son visibles. La vicealcaldesa Sandra Gómez confía en que sea "una de las primeras ciudades en contar con una ordenanza abolicionista" y "protectora de las mujeres más vulnerables. No se puede ser progresista y defender que el proxenetismo es una especie de libertad de empresa", ha manifestado este lunes.